Por: Jesús Santa Rodríguez
El gobernador Pedro Pierluisi tiene la facultad constitucional de convocar sesiones extraordinarias para atender asuntos apremiantes que no fueron considerados durante una sesión ordinaria. A tono con esto, convocó a la Asamblea Legislativa para que tuviera ante su consideración 10 medidas que incluyen, entre otros proyectos, la asignación de $250,000,000 para el financiamiento de los costos relacionados con extender un alivio contributivo a ciertos individuos para el año 2023 que concluye este diciembre, y otras que fueron desatendidas por la Legislatura. Sin embargo, esta convocatoria omitió la evaluación de legislación para crear un marco legal contributivo para implantar el Impuesto Mínimo Global (IMG), un principio tributario internacional que entrará en efecto en enero de 2025. No hacerlo podría costar a nuestra economía sobre $3,500 millones, que es más de una cuarta parte de nuestro presupuesto general de un año.
Como legisladores, entendemos y respetamos las prerrogativas de la delegación del Partido Nuevo Progresista de dar espacio al nuevo gobierno que juramentará en enero de 2025 para que promueva legislación que responda a las políticas públicas de la gobernadora electa y su aparato estratégico. Hemos advenido en conocimiento, por ejemplo, que la medida para asignar $250,000,000 para financiar y extender un alivio a nuestros contribuyentes podría destinarse a solventar otra iniciativa que ayude a aminorar prospectivamente las imposiciones tributarias para nuestras familias trabajadoras. Esto requiere, sin embargo, una discusión amplia con la Junta de Control Fiscal para su aprobación.
La mayoría legislativa del Partido Popular Democrático demostró su compromiso en aminorar las imposiciones contributivas a nuestras familias trabajadoras, aprobando medidas e incentivos dirigidos a aliviar su carga contributiva de forma consensuada. No se puede continuar castigando a los que trabajan. Por esto, durante este cuatrienio que culmina en dos semanas, fueron varios los proyectos presentados para impulsar alivios a los trabajadores puertorriqueños que se veían abacorados por una de las tasas contributivas más elevadas de entre otras jurisdicciones y muchos países que, a cambio de sus impuestos, ofrecen educación e infraestructuras de carreteras, agua y luz de mejor calidad que lo que disfrutamos los ciudadanos en Puerto Rico.
Respetando, pues, las prerrogativas de un nuevo gobierno y una nueva composición legislativa, entendemos que urge convocar a la legislatura para explorar, discutir y aprobar un nuevo marco estatutario para el IMG. Esto es impostergable, pues las consecuencias podrían representar un golpe letal a nuestra economía y a más de cien mil empleos a través de la isla. Nuestro país no aguanta otra crisis sobre la crisis que vivimos desde hace más de dos décadas desde la desaparición de los incentivos que otorgaba la Sección 936 a las decenas de plantas de manufactura sitas en la isla, responsables del dinamismo extraordinario de nuestro país de finales del siglo pasado.
Cmo legisladores, es hora de asumir con responsabilidad el deber que nos ha delegado el pueblo de atender legislación trascendental, como es crear el marco regulatorio para la implantación del IMG. Tenemos una ventana fugaz, pero hábil, para acometer esta obligación antes de enero de 2025 y lograr la captación de sobre $3,500 millones que tanto necesita nuestro país.
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