Alcalde Miranda Torres reacciona a recomendación contra expresidente Legislatura Municipal
Redacción Editorial Semana, Inc.
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El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, reaccionó a información que trascendió el martes sobre la recomendación, por parte del secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, de que se designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el legislador municipal, José Ramón Torres Torres.
“Ante ello, mi primera expresión pública es que recibí con frustración la noticia. Mi administración y la historia gubernamental de Caguas se ha caracterizado por la transparencia. Debo destacar que en febrero de 2022 realicé un referido de investigación a la Oficina de Ética gubernamental. Existe una separación de poderes que siempre he respetado y por ello en cumplimiento con el Código Municipal nuestras acciones y políticas públicas han sido ejecutadas desde esa deferencia a los poderes que representan cada rama. Todo funcionario electo tiene la responsabilidad de actuar con cero tolerancias a la corrupción y a cualquier conducta que pueda lacerar la confianza de la ciudadanía en su gobierno”, indicó.
El referido hecho en febrero por Miranda Torres a la Oficina de Ética Gubernamental fue en respuesta a unas denuncias públicas del exsecretario de la Legislatura, Manuel Díaz Torres, en el sentido de que contra Torres Torres alegadamente utilizaba un vehículo oficial del Municipio para su beneficio y que envió tareas escolares de sus hijas para que sus empleados las imprimieran y se las llevaran a su casa, en horas laborables. Díaz Torres presentó una declaración jurada donde detalla sus alegaciones. Luego del referido, el hasta entonces primer vicepresidente de de la Legislatura Municipal, Juan Manuel Aguayo Leal, asumió interinamente la presidencia de ese cuerpo.
Según explicó el martes el secretario de Justicia, la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que estuvo a cargo de la investigación junto al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), llegó a la conclusión de que existe causa suficiente para creer que las actuaciones de Torres Torres constituyen infracción a los artículos 202 (fraude), 216 (archivo de datos o documentos falsos), 252 (aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos) y 264 (malversación de fondos públicos) del Código Penal de Puerto Rico. De igual manera, concluyó que el querellado pudo incurrir en conducta delictiva tipificada en el artículo 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
La investigación de Justicia, que no ha concluído, también señala que durante el inicio de la pandemia de COVID-19, Torres Torres presuntamente utilizó información al solicitar los beneficios federales del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés), donde alegó que no había recibido remuneración ni salarios alguna durante las semanas para las cuales solicitó dicho beneficio.
Miranda Torres enfatizó que aunque a Torres Torres, como a cualquier ciudadano, le cobija la presunción de inocencia, le solicitó su renuncia como legislador, confíando en que la Legislatura Municipal lo retire inmediatamente de sus funciones.
“Además, los exhorto a que sus esfuerzos diarios estén matizados por el compromiso que le deben a la gente”, añadió.
El alcalde aseguró que “el Municipio Autónomo de Caguas continuará colaborando con las autoridades como lo hemos hecho hasta ahora. Mi equipo de trabajo está apercibido de que no toleramos la corrupción y nos mantenemos en educación permanente. Como funcionarios electos tenemos que comprometernos en servir de forma íntegra y velando siempre por el bienestar de nuestro País. El pueblo no aguanta más abusos a su confianza”, concluyó.