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Alcaldesa de Gurabo responde a señalamientos de la Contralor


El período auditado fue del 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2020.

Redacción Editorial Semana

redaccion@periodicolasemana.net


La alcaldesa Rosachely Rivera Santana respondió a señalamientos de la Contraloría de Puerto Rico en un informe aobre las operaciones fiscales de Gurabo. Según el informe, las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación relacionadas con el fraccionamiento en el otorgamiento de contratos y con los pagos por servicios profesionales contingentes a un contratista.


El Informe revela que, del 2018 al 2020, el Municipio obvió el requisito de celebrar subasta pública en la otorgación de 22 contratos y 23 enmiendas por $2,144,464 a ocho contratistas para pavimentar urbanizaciones, pintar instalaciones deportivas y reconstruir canchas, entre otros. En su lugar, fraccionó los trabajos en más de un contrato para no exceder el límite de $200,000 establecido por ley y adjudicó los contratos mediante la solicitud de cotizaciones.


Esta es la cuarta ocasión que la Oficina del Contralor identifica esta situación en los últimos 10 años en Gurabo. Los informes M-18-37 del 2018, M-15-12 del 2014, y M-13-05 del 2012 comentan situaciones similares al hallazgo del fraccionamiento del costo de obras de construcción. Lo comentado impidió, según la Contraloría, la libre competencia entre el mayor número de licitadores para que el Municipio tuviera a su disposición varias alternativas y seleccionara la mejor oferta. Además, puede propiciar el favoritismo, la colusión y el fraude, entre otros.


El borrador del Informe se remitió a la alcaldesa Rosachely Rivera Santana, para comentarios, mediante correos electrónicos del 28 de enero y 27 de septiembre de 2021.


La alcaldesa indicó mediante cartas del 24 de febrero y 10 de noviembre de 2021. Indicó que todos los contratos bajo análisis fueron destinados a reparaciones y construcciones necesarios por daños ocasionados por el paso del Huracán María en el año 2017 y que FEMA ha reembolsado todos los gastos de los proyectos subvencionados, lo cual “es indicativo de que hemos cumplido con cada uno de los requisitos que nos fue impuesto a los efectos de ser reembolsados los gastos incurridos” Añadió que “Muy respetuosamente, entendemos que no suscitó fraccionamiento alguno dado que los proyectos en cuestión se trabajaron individualmente, tomando en consideración los fondos disponibles para poder pagar las obras individuales”.


La Oficina del Contralor consideró las alegaciones de la alcaldesa, pero determinó que el Hallazgo prevalece por entender que aunque FEMA solicitara que los fondos de cada proyecto se mantuvieran separados con el fin de asignarle un número diferente a cada proyecto, esto no impedía que el Municipio realizara subastas formales, en conjunto, para los proyectos cuya descripción de los trabajos a realizar fueran similares. Esto, debido a que las especificaciones de las obras eran similares, se otorgaron dentro de un mismo año fiscal y el importe global excedía el importe para obviar el requisito de celebración de subasta pública. La contratación individual de las obras no impide que se seleccionen los mejores postores mediante la celebración de subastas. La Ley no le brinda la discreción de obviar dicho proceso. Además, al momento de formalizar los contratos de las obras fraccionadas, el Municipio ya había identificado los fondos para adjudicar los mismos.


La auditoría de dos hallazgos señala que Gurabo le pagó $11,825 a un consultor, de forma indebida. El consultor para asesoramiento legal, contable y financiero, determinó una deficiencia en el cobro de una deuda de una farmacéutica, que el director de Finanzas del Municipio no había declarado morosa incobrable o producto de la identificación de evasores contributivos previo a ser referido el caso al consultor, según establece la Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico. El consultor cobró sus honorarios del 10% de su análisis de la determinación de la deficiencia.


Además, el Municipio realizó un pagó al consultor en el 2017, sin contar con un contrato vigente. El director de Finanzas extendía la vigencia del contrato al consultor, mediante órdenes de compra contrario a la ley. Las órdenes de compra no extienden la vigencia de un contrato otorgado ni luego de su vencimiento.


Este segundo y último informe de Gurabo, cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2020, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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