Apoderamiento del deber constitucional


Por: Jesús Santa Rodríguez


El Presupuesto General es la ley más importante que se aprueba en una asamblea legislativa de cualquier país democrático.


La condición fundamental para lograr presentar un presupuesto efectivo y balanceado es la “restricción presupuestaria”. El problema histórico que han tenido muchos gobiernos, a lo largo de nuestra historia, es que han gastado más de lo que ingresaron, razón por la cual tuvieron que endeudarse año tras año. El resultado de esta política presupuestaria en la que el gasto supera los ingresos ha sido el abultado endeudamiento que tienen hoy el gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas, deuda que recaerá en la clase trabajadora del País y la empresa privada, ya atribulada por los altos costos asociados a la producción.


El gobierno federal, al interpretar que los puertorriqueños carecíamos de la capacidad administrativa y el poder de renegociar la deuda pública acumulada durante décadas, impuso la Ley PROMESA y con ella la Junta de Control Fiscal, que debía velar por el cumplimiento de la “restricción presupuestaria” y la estabilización fiscal y financiera del gobierno de Puerto Rico. Además, el gobierno tenía la responsabilidad de presentar un Plan Fiscal, y de aprobar un presupuesto que se ajustara a los principios de transparencia y sana administración pública. No obstante, durante el cuatrienio de 2017 a 2020, presentó planes fiscales poco realistas basados en premisas económicas incorrectas, al tiempo en que la Asamblea Legislativa renunciaba a su prerrogativa constitucional de confeccionar y aprobar un Presupuesto General balanceado en beneficio de nuestro pueblo. El resultado lo conocemos todos: menos dinero para la Universidad de Puerto Rico, los municipios y servicios esenciales, mientras eran arrestados la secretaria de Educación por venta de influencias y corrupción y varios legisladores de la entonces mayoría legislativa por malversación de fondos públicos. Como consecuencia, el pueblo determinó que hacía falta una mayoría legislativa distinta a la que había entregado sus prerrogativas constitucionales y de la que algunos funcionarios electos se habían aprovechado para enriquecerse ilegalmente.


La mayoría legislativa actual ha comenzado esta década con el deseo de que la Asamblea Legislativa recupere su fuerza constitucional, poniendo en marcha todo nuestro capital político e intelectual para insertarnos en el debate económico y financiero del País, con el propósito de confeccionar y aprobar un Presupuesto General balanceado, pero en función de las necesidades de los puertorriqueños.


Los últimos cuatro presupuestos generales los ha aprobado la Junta en respuesta a la renuncia de la legislatura saliente de cumplir con su deber constitucional. Hoy, estamos comprometidos con hacer las cosas como debe ser y demostrarle al País que es posible contar con una mejor Asamblea Legislativa, que cumpla con su responsabilidad fiscal, que demuestre un fuerte compromiso con la inversión social, y que esté revestida con los principios éticos que juraron sus legisladores.


En menos de un mes, la Legislatura comenzará vistas públicas con miras a desarrollar y aprobar un Presupuesto General, que es una condición necesaria y determinante para terminar con el régimen de la Ley PROMESA sobre nuestro País. Nuestro compromiso, como una nueva mayoría legislativa, es que este Presupuesto sea el primer documento fiscal balanceado de esta década y, más importante aún, el primero de una nueva era en la cual la responsabilidad y el gasto eficiente del Gobierno de Puerto Rico sean una tendencia de cara a nuestro futuro. Puerto Rico lo merece y lo espera.