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Aprobación de medida evita éxodo de empresas farmacéuticas, de manufactura y alta tecnología


Representante Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.


Redacción EDITORIAL SEMANA

redaccion@periodicolasemana.net


La creación de la Ley 52 de 2022, de la autoría del representante Jesús Santa Rodríguez, revirtió la posibilidad del éxodo de empresas de la industria de farmacéutica, manufactura y alta tecnología que se quedarían sin el incentivo contributivo que otorgaba la Ley 154 de 2011.

La ominosa posibilidad de que Puerto Rico perdiera virtualmente la totalidad de las empresas de manufactura y su aporte a nuestra economía se cernía sobre el país con consecuencias nefastas, como resultado de la rescisión de dicha Ley 154.


Desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, su presidente Jesús Santa Rodríguez, supo el riesgo que la culminación de estos incentivos representaría para la economía de Puerto Rico, pues la mayoría de las industrias que se beneficiaban de estos podrían marcharse del País, llevándose su dinamismo y miles de empleos bien pagos, con un efecto económico negativo en la periferia de estas, amén de la pérdida de su aporte al Fondo General. Desde mediados de 2022, junto al equipo técnico de la comisión, Santa acometió la importante tarea de desarrollar legislación dirigida a retener estas empresas en Puerto Rico, ofreciendo condiciones e incentivos atractivos para mantenerlas en la Isla.


“De no haber tomado la iniciativa de desarrollar nueva legislación para enfrentar la rescisión del pasado marco tributario, cuya vigencia era hasta el 31 de diciembre de 2022 según establecido por el Servicio federal de Rentas Internas (IRS), las consecuencia del éxodo de empresas dedicadas a la alta tecnología y productos farmacéuticos hubiera sido un fuerte golpe. Solo la pérdida de ingresos para el Fondo General ascendía a $2.3 mil millones (entre arbitrio y regalías), o el 16 por ciento de nuestro Presupuesto General, lo que hubiera afectado significativamente la capacidad del gobierno de operar y ofrecer servicios a la ciudadanía. Ver marchar empresas de manufactura, farmacéutica y alta tecnología no era opción”, planteó Santa Rodríguez.


La inversión de capital acumulado de las industrias instaladas en Puerto Rico dedicadas a la manufactura de fármacos que se benefician de incentivos contributivos supera los $10 mil millones, y de estos, sobre $500 millones anuales están dedicados solo a su mantenimiento. A su vez, estas empresas crean sobre 18,000 empleos directos y casi 70,000 indirectos, con una nómina anual de casi $1.5 mil millones en salarios que promedian $80 mil cada año, constituyendo también un espacio que ofrece empleo a recursos profesionales y mano de obra especializada que, de otra manera, tendrían que irse del País a trabajar a otras jurisdicciones.


Haber aprobado la Ley 52 de 2022, no solo evitó la salida de estas industrias y sus miles de empleos bien pagos, con un impacto funesto en el ecosistema de manufactura que trasciende aspectos económicos. Por ejemplo, su éxodo iba a tener un efecto directo en las pequeñas y medianas empresas que suplen almacenamiento, bienes y servicios, y miles de familias que dependen de estas. Asimismo, muchas compañías y autoempleados dedicados a servicios como jardinería, mantenimiento y confección de alimentos se hubieran visto precisadas a cerrar operaciones, desencadenando gran incertidumbre en muchos municipios de todo el país, incluyendo nuestro distrito, entre ellos Caguas, Gurabo, Juncos, Las Piedras, y municipios en distritos vecinos, como Humacao y Carolina, que emplean a miles de cagüeños y gurabeños. Entre las empresas que han transicionado a este nuevo decreto están Janssen Ortho y Jenssen de Gurabo, Neolpharma y Abbot en Caguas, Merck y McNeil en Las Piedras, Amgen de Juncos, Bristol Myers Squibb en Humacao y Eli Lilly en Carolina. Asimismo, otras empresas han transicionado a la Ley 52 de 2022 a través de toda la isla.


La permanencia de estas industrias también afecta el volumen de embarques y vuelos de carga y pasajeros, y en la disponibilidad y el acceso a bienes. Al perjudicarse este sector, generaría un efecto de dominó que menoscabaría la disponibilidad y frecuencia de vuelos desde y hacia la isla, lo que terminaría afectando adversamente la cadena de suministros del País.


“Fue gracias a la aprobación de la Ley 52 que el Gobierno pudo superar la meta de empresas foráneas que se han acogido a este incentivo. Solo al comienzo de 2023, 21 corporaciones enmendaron sus decretos, cuando se proyectaba conseguir solo 13 transiciones. De no haberse legislado esta nueva ley, el panorama económico y social hubiera sido uno sombrío y de gran incertidumbre. Este logro nos llena de gran satisfacción”, explicó Santa Rodríguez.

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