Redacción EDITORIAL SEMANA
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El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, coincidió en la necesidad de aprobar legislación que mitigue el impacto del Plan Fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal, que, según anticipó, causaría paralización de servicios en más de la mitad municipios en la Isla a partir del 1 de julio de este este año 2022. De esta forma, se unió al llamado emitido por los presidentes de la comisiones camerales de Asuntos Municipales y Hacienda, Juan José Santiago Nieves y Jesús Santa Rodríguez, junto al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, quienes solicitaron a los funcionarios electos de los cinco partidos y legisladores independientes a coordinar con carácter de urgencia reuniones con ese fin.
La Junta de Supervisión Fiscal rechazó nuevamente la solicitud del Gobierno Central de mantener la aportación al Fondo de Equiparación Municipal en $88 millones, y también que el gobierno cubra lo que son las aportaciones de los municipios para financiamiento de la tarjeta de salud administrada por la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).
De acuerdo a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico , durante los pasados 5 años, los municipios más pequeños de Puerto Rico han perdido un promedio del 50% en los recaudos, y en algunos casos mucho más que eso. Esto los ha obligado a hacer recortes y gestiones complicadas de tipo financiero y uso de fondos federales para mantenerse a flote hasta el próximo 30 de junio de 2022, que es cuando finaliza este año fiscal. Reconocieron la aportación de la Cámara de Representantes, que consiguió sobre $60 millones anuales para mitigar el impacto de los planes fiscales, pero advirtieron que no es suficiente para cubrir la inmensa brecha acumulada.
Los trabajos de los diversos niveles municipales y legislativos incluyen la búsqueda de soluciones permanentes para presentarle a la Junta de Supervisión Fiscal un plan que evite los cierres municipales. Concretamente, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, ha trabajado en unos temas importantes que serán presentados a la Junta, como los siguientes:
1. Mejorar estructuralmente el sistema de fiscalización para aumentar la base de propiedades.
2. Eliminación de subterfugios en exenciones y exoneraciones indebidas.
3. Bajar la tasa del impuesto al inventario y mover la facturación al momento de la venta.
4. Aumentar la fiscalización del room tax en los RB&B dándole participación a los municipios.
5. Modificar las exenciones totales de los recaudos municipales en los incentivos de la ley 60.
6. Revisitar las medidas que transfieren activos y competencias a los municipios para bajar el gasto gubernamental.
7. Utilizar los $44M asignados para la creación de consorcios para financiar los cambios estructurales y regionales necesarios para implementar la nueva política pública en el CRIM.
8. Asignar $120M al Fondo de Equiparaciones, acordando una reducción escalonada razonable mientras se implementan todos los cambios de forma ordenada.
“Hay soluciones y propuestas sobre la mesa, y este es un tema que hay que mover de manera urgente. Ya es de aceptación general que son los Municipios los que atendemos las necesidades inmediatas de la gente. La primera línea de servicio a la ciudadanía está en los Municipios. Eso está probado más allá del manejo de las emergencias como los huracanes, terremotos y pandemia, es una realidad de todos los días. Desde servicios sociales y de salud, hasta educativos, deportivos y recreativos. Desde el manejo de desperdicios sólidos hasta cubrir obligaciones que son de agencias estatales. Si queremos ver a Puerto Rico progresar, tenemos que empezar juntos por los municipios. El tiempo de espera terminó y hay que aplicar las soluciones que se han formulado con tiempo y esfuerzo común”, finalizó Hernández Ortiz.