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Ayuda Legal pide acción para frenar ejecuciones de vivienda


Por: Editorial Semana, Inc.


La organización sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico, que promueve la educación y el apoyo legal gratuito a personas y comunidades de recursos limitados, advirtió que el riesgo a perder el techo tras el COVID-19 es mayor en la población puertorriqueña. Ante esta realidad, solicitó la intervención del gobierno estatal.


En una carta enviada a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la entidad planteó que entre el 28 de diciembre del 2019, fecha del primer terremoto que azotó el sur de Puerto Rico, y el final de octubre de este año, se han presentado más de 940 nuevas demandas de ejecuciones de hipoteca.


“Este año se han ejecutado más de 717 propiedades residenciales. Mientras que ya culminó la moratoria local para el pago de hipotecas, para aquellas subsidiadas federalmente las moratorias terminan el 31 de diciembre. Las moratorias de desalojo por falta de pago de renta también culminan al cierre del 2020”, advirtió.


La entidad instó a la gobernadora a implantar un mandato de política pública claro que prohíba los desalojos hasta que culmine el estado de emergencia por COVID-19. El alcance de la orden, aseguraron, debe incluir alquileres e hipotecas.


Asimismo, proponen que se instruya al Departamento de la Vivienda para que fiscalice el cumplimiento con las moratorias de desahucios, de ejecuciones de hipoteca y otras protecciones aplicables al techo.


“Esta agencia tiene como deber ministerial velar por la implementación de la política pública de vivienda de Puerto Rico, tanto para viviendas subsidiadas como aquellas privadas. Así también, debe llamarse a la OCIF y a las entidades financieras que manejan préstamos hipotecarios para garantizar el cumplimiento con esta política pública”, indican.


“En favor de aquellas personas que dependen del pago de los cánones de renta para recibir ingresos, debe integrarse un mandato claro al Departamento de la Vivienda y una exhortación a los municipios a que utilicen los fondos del CARES Act para promover subsidios de renta e hipoteca. Municipios como Bayamón, Canóvanas, Ponce y Caguas ya se han movido en esta dirección. Como advertimos desde abril, este es un uso permitido, legítimo y necesario de estos fondos que otrora se podrían perder por falta de uso”.


Advirtieron que las órdenes y acciones recientes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) son evidencia de cómo el Poder Ejecutivo puede actuar para frenar desalojos que empeorarán la crisis del COVID-19.


“En la regulación federal que ordena moratorias de desalojos por falta de pago de renta entre el 4 de septiembre y diciembre 31 de este año, se establece que “[i]n the context of a pandemic, eviction moratoria —like quarantine, isolation, and social distancing— can be an effective public health measure utilized to prevent the spread of communicable disease.” (énfasis nuestro)”.


Finalmente expresan: “No hay duda: la vivienda es un asunto de salud pública. Los estados y jurisdicciones tienen el poder de ampliar esta moratoria desde el ejecutivo. En Ayuda Legal Puerto Rico siempre estamos en la disposición de trabajar para promover acceso a la justicia y vivienda digna. Agradecemos la consideración de estas acciones y nos ponemos a su disposición para discutir estos particulares”.


La carta está firmada por la Lcda. Ariadna M. Godreau Aubert, Directora Ejecutiva, la Lcda. Verónica González Rodríguez, Abogada Comunitaria y la Lcda. Nicole Díaz González, Analista de Política Pública.

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