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Ayuda para compra de uniformes y materiales escolares a familias participantes Programa TANF


Este año, la ayuda asciende a $800 por menor, que son $300 más que el año anterior.

Redacción EDITORIAL SEMANA

redaccion@periodicolasemana.net


La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), adscrita al Departamento de la Familia (DF) inició el desembolso de $800 por menor estudiante a las familias participantes de la categoría C del Programa Temporal de Ayuda para Familias (TANF, por sus siglas en inglés) para la compra de uniformes y materiales para el regreso a clases.


La mayoría de las familias participantes de la categoría C del TANF son, principalmente, madres jefas de familia que están en programas de adiestramiento y búsqueda de empleo. Esta ayuda, que comenzó a reflejárseles en las cuentas de la tarjeta única de la Familia, se suma a las ya entregadas por ADSEF para la población estudiantil, como el programa de asistencia para alimentos por pandemia (P-EBT), que resultan en un alivio al bolsillo para las familias puertorriqueñas. La secretaria del DF, Carmen Ana González-Magaz, indicó que este año se beneficiarán 7,899 menores entre 5 y 17 años de 2,889 familias.


“Estaremos distribuyendo un total de $3,593,600 en asistencia económica para el regreso a clases. Este año, la ayuda asciende a $800 por menor, que son $300 más que el año anterior. Esta cantidad varía de año en año, dependiendo de la cantidad de participantes elegibles. Estamos seguros de que las familias harán un buen uso de esta ayuda para que los estudiantes lleguen y estén preparados para el regreso a las salas de clases”, dijo, por su parte, el administrador de ADSEF, Alberto Fradera Vázquez.


Este impacto económico es el segundo que anuncian en las últimas semanas, ya que el lunes de la pasada semana el gobernador Pedro Pierluisi, González Magaz y Fradera Vázquez informaron el comienzo de un programa federal que proveerá ayuda económica a ciudadanos y familias que tengan atrasos en el pago de sus facturas de la luz con aviso de suspensión o desconexión, para el cual Puerto Rico recibió $36 millones.

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