Azuzando la memoria


Por: Jesús Santa Rodríguez


En días recientes, miembros de la pasada legislatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) criticaban la nueva mayoría de la Cámara de Representantes aduciendo que no se han aprobado medidas durante el primer mes de sesión.


Es importante señalar que sobre 500 proyectos están en proceso de evaluación en esta nueva legislatura para ser aprobados responsablemente, no por descargue, como era uso y costumbre de la ahora minoría PNP. Cabe recordar que la responsabilidad de enviar proyectos a la Asamblea Legislativa es del gobernador, quien hasta la fecha no ha presentado ni uno a la Comisión de Hacienda, ni ha respondido a nuestras propuestas para trabajar de forma responsable y eficiente el presupuesto del País.


En contraste, este cuerpo legislativo ha llevado a cabo interpelaciones reveladoras sobre cuán preparado está el gobierno para atender la pandemia de forma efectiva y eficiente, y conocer las competencias de la designada secretaria de Educación para diseñar y ejecutar un agenda de reinicio de clases seguro para estudiantes y maestros. Si la pasada legislatura hubiera ejercido sus deberes de investigación cuando tuvo la responsabilidad de hacerlo, con toda seguridad no hubiéramos sufrido muchas de las vicisitudes después de la devastación de los huracanes o la destrucción de nuestras escuelas del sur sin que, a dos años de los terremotos, exista un plan para la evaluación de planteles y su reparación.

Tampoco estaríamos dentro de los primeros 50 países con mayor número de muertes por Covid-19. Las prioridades del pasado gobierno y su Legislatura eran otras, y se enfocaron en encaminar contrataciones dirigidas a favorecer amigos y allegados, y el incremento innecesario de gastos públicos.


Examinemos, por ejemplo, gran parte de la legislación aprobada por los cuerpos legislativos presididos por Jenniffer González, Thomas Rivera Schatz y Johnny Méndez. Recordemos que fueron ellos quienes aprobaron la Ley 7 de 2009, que dejó a 30,000 empleados públicos en la calle y trajo repercusiones a nivel de nuestra economía, incluyendo el decaimiento de las finanzas del país y el desangramiento de los sistemas de retiro de los empleados públicos. Tampoco olvidemos la Ley 3 de 2009, que aumentó la deuda pública, comprometió los fondos de COFINA y nos hundió en la ineludible incapacidad de pagar a los acreedores y, con ello, a la aprobación de la Ley Promesa que nos subordinó a las imposiciones de una Junta de Control Fiscal, cuya prioridad es organizar nuestras finanzas para destinar una primera tajada al pago de la deuda, mucha de ella contraída ilegalmente.


Por otro lado, recordemos las empresas Ray Engineers, PSC, y Renewable Power Group, propiedad del amigo de Fortuño, Pedro Ray Chacón, favorecidas por unos $50 millones en contratos para el diseño del malogrado del gasoducto así como la compra de energía renovable. Para entonces, se sabía que su contratación fue un paracaídas que salvó de la insolvencia a Ray Chacón, quien estaba virtualmente en quiebra. Tampoco fue coincidencia que la firma Ballori-Farré facturara sobre $30 millones en solo tres años, en gran parte para publicitar el abortado proyecto Vía Verde, que no contaba con permisos del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos ni otras agencias federales.


Legislar para quitar poderes y recursos al pueblo, endeudarlo y dejarlo a su suerte para favorecer a los allegados no es un deber legislativo: es impunidad, igual que sobregirar el presupuesto de cualquier cuerpo legislativo o ejecutivo en desafío a nuestra Constitución y al mandato del pueblo. Que no se olvide que hablando para las gradas se azuza la memoria.