Buscan reducción de gastos en presupuesto a favor de inversión social
Redacción Editorial Semana, Inc.
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La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, presidida por Jesús Santa Rodríguez, dio inicio a la evaluación del presupuesto del País para el año fiscal 2022-2023 que fuera presentado por el Gobierno la semana pasada, y que asciende a $12,573 millones. El proceso incluirá un calendario nutrido de vistas públicas de interpelación a los jefes de agencia y corporaciones públicas, para conocer si cumplieron con las estrategias dirigidas a la reducción de gastos, especialmente en la contratación de servicios profesionales, la reevaluación de los planes de clasificación y retribución con miras a retener y profesionalizar el capital humano con experiencia, y renovar la plantilla de servidores públicos mediante la contratación de nuevos recursos.
“Al igual que el año pasado, estaremos evaluando el presupuesto del próximo año fiscal sin tener que ceñirnos al itinerario de la Junta, y terminarlo a tiempo para ser considerado por la Asamblea Legislativa. De esta manera, evitaremos rezagos y dispondremos de más tiempo para evaluar cada partida responsablemente”, apuntó Santa Rodríguez. Recordó que el año pasado lograrob identificar partidas que habían sido obviadas en la propuesta presupuestaria original, como el pago de salarios de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica transferidos al gobierno central, así como un aumento necesario a la asignación destinada a la Universidad de Puerto Rico.
El nuevo presupuesto propone destinar una partida de $2,297 millones para el pago de las pensiones de los retirados del Gobierno, $3,355 para la nómina de los servidores públicos y otros $1,100 millones para nutrir el Fideicomiso de Reserva de Pensiones. “Estas partidas, que en el pasado se encontraban en un limbo presupuestario, fueron finalmente aceptadas por la Junta de Supervisión Fiscal, luego de intensas negociaciones entre la Cámara de Representantes y el ente fiscalizador, garantizándose la protección de las pensiones de nuestros servidores públicos retirados, la optimización del plan de pensiones de los policías y atendiendo el incremento a los salarios para estos y otros empleados, incluyendo los maestros”, apuntó Santa Rodríguez.
Del total de los $12,500 millones, solo se destinarán $771 millones para el servicio de la deuda. En 2017, cuando el gobierno enfrentó el impago y la quiebra del País, el abono anual a la deuda alcanzó, en ocasiones, más de $4,000 millones. La reducción de este pago, tras cinco años de negociaciones con los acreedores, es producto de la rebaja del principal adeudado en 2017, de unos $34,000 millones, a aproximadamente $7,000 millones.
De acuerdo con Santa Rodríguez, el Gobierno necesita lograr eficiencias mediante la reducción de gastos innecesarios, mientras se reasigna a proyectos de inversión social, como la optimización de los servicios dirigidos a los ciudadanos, la creación de fondos para programas de residencia para futuros médicos, y planes efectivos para la estimulación de la economía y la creación de empleos bien remunerados. “También, tendremos el punto de mira en aquellas áreas de mayor gasto que resulten en operaciones redundantes y que no hayan cumplido con los objetivos trazados, incluyendo agencias de reciente creación”, añadió Santa Rodríguez.