Colonia disfrazada de democracia


Por: Prof. Luis Dómenech Sepúlveda


“El colonialismo trastoca la historia, los valores, la lógica y el poder de razonamiento” (Rubén Berríos Martínez)


Durante sus inicios como político puertorriqueño, Luis Muñoz Marín, fundador del inmovilismo colonial encarnado por el anquilosado Partido Popular Democrático, se refirió al autonomismo como una “condición fraudulenta similar a la esclavitud con cadena larga”. Y la historia le ha dado toda la razón. Es decir, temprano en su ambivalente trayectoria política, Muñoz comprendió que el autonomismo, aunque con mayor espacio para sus asuntos domésticos, carece de libertades y prerrogativas políticas por dictamen absoluto del colonizador. Y precisamente, de eso trata nuestra realidad política tras 122 años de dominio estadounidense por virtud del Tratado de París de 1998. Sin embargo, Muñoz terminó abrasándose al autonomismo colonial allanando el camino para el bipartidismo corrupto y el crecimiento antipatriótico del anexionismo puertorriqueño.


De modo que, resulta francamente contradictorio que sectores más ilustrados y supuestos custodios de nuestra consciencia ético-moral (académicos, abogados, médicos, ingenieros, economistas) insistan en llamar “democracia” a Puerto Rico cuando la realidad histórica nos coloca como la colonia más antigua del planeta. El mero derecho al sufragio electoral cada cuatro años o salir el País cuando queramos no nos hace más democracia que los países soberanos.


Entonces, ¿de qué democracia hablan? Somos un país hispanohablante ocupado mediante la fuerza de las armas donde más de cuarenta renglones de nuestra vida socioeconómica y existencial se rigen arbitrariamente por leyes federales impuestas por el Congreso estadounidense desde 1898. Se destacan entre ellas ciudadanía, moneda, aduanas, correos, pasaporte, comunicaciones, abortos, inmigración, medicamentos, Seguro Social, espacio aéreo y marítimo, control de aeropuertos y puertos marítimos, consumo de carne, práctica de medicina, cabotaje, leyes ambientales, declaración de guerra, militarismo, imposición del FBI y el Tribunal Federal, comercio internacional, relaciones internacionales, entrada y salida de extranjeros, leyes laborales, leyes bancarias, prohibición del deporte gallístico, salario mínimo, administración de bosques y certificación de universidades. Más aún, de nada ha valido que nuestra constitución haya sido reconocida por constitucionalistas como una joya jurídica cuando la misma ha sido degradada por dictamen de la constitución estadounidense.


Estados Unidos nos ha coartado caprichosamente nuestro derecho inalienable a gobernarnos a nosotros mismos con el agravante de perseguir, criminalizar, demonizar y encarcelar a todo patriota que ose desafiar su presencia colonial en Puerto Rico. Nos impusieron la Leyes Foraker (1900), Jones (1917) y la Ley 600 (1950) no para protegernos y reconocer nuestros derechos inalienables sino para perpetuar el colonialismo y generar millonarias ganancias para sus empresas mediante instrumentos de lavado de dinero. Aunque elegimos nuestros propios gobernantes, impusieron la Ley Promesa y su Junta de Control Fiscal derogando de un plumazo los raquíticos poderes del gobierno colonial electo cada cuatro años.


Como dijera el prócer Eugenio María de Hostos: “No es patria si nos quitan el derecho de servirla; si la entregan a los que la desdeñan; si nos niegan posesión de lo nuestro”.