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Comisión Cameral de Salud refiere funcionarios gubernamentales por presuntas violaciones de ley


Por: Editorial Semana


La Comisión Cameral de Salud , presidida por el representante Juan Oscar Morales presentó el informe final sobre la investigación ordenada en la Resolución 1741 en cuanto al proceso de compra de pruebas para detectar el COVID-19. El mismo contiene nuevos referidos a agencias estatales y federales por irregularidades, negligencia y violación a leyes y reglamentos establecidos.


Entre los hallazgos, se destaca un patrón de irregularidades y negligencias en el proceso de compras realizadas y en el cumplimiento del deber de varios funcionarios del gobierno, poniendo en riesgo la vida y la salud de todos los ciudadanos. Del mismo modo, indica que hubo fuertes indicios de deficiencia grave en la dirección administrativa del Departamento de Salud, que pasó nueve días sin un funcionario principal, mientras se tomaban decisiones importantes para Puerto Rico en medio de una pandemia.


El informe establece que Iris Santos, directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su deber en virtud del artículo 263 del Código Penal, además de posiblemente haber violado el artículo 264 del Código Penal, que aborda la malversación de fondos públicos. Alfonso Rossy, secretario auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda podría haber sido negligente en el cumplimiento de su deber según los artículos 262 y 263 del Código Penal y podría haber violado el artículo 4.2 (del Capítulo IV Subsección (r) y (s)) de la Ley de Ética del Gobierno, así como el Artículo 9 de la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. Además, puede haber violado el artículo 264 del Código Penal que trata la malversación de fondos públicos. El doctor Segundo Rodríguez Quilichini coordinador del Medical Task Force, pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su deber de conformidad con los artículos 254, 255, 261, 262 y 263 del Código Penal y haber violado el artículo 4.2 de la Ley de ética del gobierno.


Asimismo, Antonio Pabón Battle, secretario de la Gobernación y Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación; pueden haber sido negligentes en el cumplimiento de su deber en virtud de los artículos 262 y 263 del Código Penal, y haber violado el artículo 4.2 de la Ley de ética del gobierno, posiblemente violando, en múltiples casos, lo que constituyen las funciones y deberes de sus posiciones.


El informe indica que Mabel Cabeza, exfuncionaria del Departamento de Salud y de La Fortaleza, puede haber sido negligente en el cumplimiento de su deber en virtud de los artículos 254, 255 y 261 del Código Penal y haber violado el artículo 4.2 de la Ley de ética del gobierno. Guarina Delgado García, ayudante especial en el Negociado Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) puede haber sido negligente en el cumplimiento de su deber según el artículo 263 del Código Penal.


Asimismo, Ottmar Chávez, administrador de Servicios Generales (ASG), pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su deber de conformidad con las disposiciones del Artículo 263 del Código Penal y puede haber violado el Artículo 9 de la Ley de Contabilidad, además de posiblemente haber violado el Artículo 264 del Código Penal.


El informe se refiere al abogado Juan M. Maldonado de Jesús por posibles violaciones del Artículo 56 de la Ley Notarial y la Regla 67 (evidencia de legitimación y firma) del Reglamento Notarial, y por posiblemente haber violado los Cánones de Ética Profesional, especialmente el Canon 35 (sinceridad y honestidad), así como por posible perjurio al declarar en violación del Artículo 33 del Código Político de Puerto Rico y el Artículo 269 de la Ley 146-2012, conocido como Código Penal de Puerto Rico.


El informe establece que Robert Rodríguez, presidente de Apex General Contractorsz pudo haber violado los artículos 202, 211 y 212 del Código Penal. Asimismo, establece que el licenciado Ricardo Vázquez Hernández, presidente de 313, LLC. pudo haber cometido el delito de falsedad ideológica (artículo 212 del Código Penal) y violado el artículo 34 del Código Político, así como el artículo 298b del Código Penal.


En el informe final, se afirma que debido al análisis exhaustivo que el comité realizó con toda la información en su poder, el general José Burgos, comisionado de NMEAD, agregó otra irregularidad, ya que firmó con Apex General Contractors una factura por el cantidad de $ 38 millones, donde certificó que había recibido un millón de pruebas, sin que, de hecho, eso hubiera sucedido.


Las referencias se enviarán a la Oficina del Panel de Fiscalía Especial Independiente, la Oficina de Ética del Gobierno, la Oficina del Contralor, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Corte Suprema de Puerto Rico.