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Conozca la nueva Ley de Menores de Puerto Rico y Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores

Redacción EDITORIAL SEMANA

redaccion@periodicolasemana.net


La enmendada Ley de Menores de Puerto Rico y las Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores, que incluye nuevos incisos para salvaguardar, proteger y garantizar el bienestar de menores en procesos judiciales, o el Proyecto del Senado 344, entró en vigor el lunes 27 de junio con la firma del gobernador Pedro Pierluisi.


Tal firma surge luego de trascender casos de menores juzgados como adultos. Particularmente, el de la niña Alma Yarida Cruz, estudiante de educación especial de 11 años que fue arrestada y enfrentó cinco cargos en el Tribunal de Menores por una pelea menor con dos compañeras de clase.


La medida aprobada dispone que la jurisdicción del Tribunal de Menores será ejercida sobre quienes tienen entre 13 y 18 años y se establecen procedimientos alternos para quienes no cumplieran los 13 años de edad. Además, requiere agotar remedios administrativos en el sistema de educación pública o privada cuando la situación elevada a la consideración del foro judicial en Sala de Asuntos de Menores, se haya originado en una institución educativa.


De igual forma, se prohíben restricciones mecánicas en os procedimientos de menores y se regula el proceso para determinar en qué casos, de manera excepcional, podrán ser utilizadas las mismas. Quedan vedados el informe social previo o durante la vista adjudicativa, el confinamiento en solitario y el uso de gas pimienta contra menores durante el periodo carcelario.


También establece como compulsorio el uso de intérpretes durante la etapa administrativa del proceso legal y atemperará los términos para la celebración de la vista en determinación de causa probable para la radicación de querellas. Asimismo, la nueva ley elimina las renuncias de jurisdicción automáticas y se limitan las renuncias de jurisdicción a casos de asesinatos y agresiones sexuales.


Por su parte, Pierluisi reiteró en los procesos que propendan la rehabilitación, sobre aquellos con enfoque punitivo sean justos. En el caso de los menores es todavía más evidente la importancia de que estos tengan procesos justos y que se promueva la rehabilitación. Como gobierno y como sociedad tenemos que procurar que menores cuenten con herramientas necesarias que les ayuden a reivindicarse y así tener un mejor futuro lejos de las cárceles y el crimen”.


Los Departamentos de Justicia, Familia y Seguridad Pública, así como la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) favorecieron el royecto senatorial.


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