Constitucional plebiscito estadidad “Sí o No” según el Tribunal Supremo


Por: Editorial Semana, Inc.


A pesar de que en julio pasado no recibieron la aprobación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) por no cumplir con la política pública federal, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dictaminó que las disposiciones del Subcapítulo VIII-B de la Ley No. 58 del 20 de junio de 2020, el Código Electoral de Puerto Rico, y la Ley Núm. 51 del 16 de mayo de 2020, Definición Final de la Ley de Estado Político de Puerto Rico, son constitucionales.


Sobre la validez de la Ley Número 51-2020, que dispone la celebración de una consulta de estatus político el 3 de noviembre de 2020, el Tribunal concluyó que tiene un fin público, consistente con lo que se dispone en el Artículo VI, Sección 9 de la Constitución de Puerto Rico, “ya que permite a todos los puertorriqueños, en igualdad de condiciones, participar y expresarse a favor o en contra de ratificar e implementar la fórmula de estatus que resultó favorecida en los plebiscitos celebrados en 2012 y 2017” y ejercer su derecho de autodeterminación”.


Además, el Tribunal fundamentó que concluyó que, a diferencia del año 2000, cuando se resolvió el caso de Báez Galib II, hoy existe un mandato electoral para la descolonización de Puerto Rico y a favor de toda gestión legal que adelante esos fines. Ante ello, determinó que la consulta de estatus político a efectuarse el 3 de noviembre es un mecanismo válido y no discriminatorio, con un fin eminentemente público. El caso Báez Galib II, sostiene no puede aprobarse legislación que altere sustancialmente la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos sin previa aprobación de los puertorriqueños.


Se añadió que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de escoger mecanismos legítimos para adelantar su objetivo y registrar la expresión del pueblo y que el Tribunal no puede cuestionar la sabiduría o conveniencia de esa determinación legislativa por tratarse de una cuestión política no justiciable.


Por otro lado, en cuanto al Subcapítulo VIII-B de la Ley Número 58-2020, que autoriza la celebración de las elecciones presidenciales en Puerto Rico, se resolvió que a diferencia de la Ley Número 403-2000, tiene un fin público discernible y definido.


Ello, debido a que, a diferencia de cuando se resolvió Báez Galib II, en 2017 el pueblo autorizó expresamente a la Asamblea Legislativa a aprobar una ley de voto presidencial, cónsona con el mandato electoral en los plebiscitos de 2012 y 2017.


El Tribunal reafirmó lo resuelto en Báez Galib II, de que este tipo de legislación necesita ser autorizada por el pueblo. En conclusión, el Tribunal Supremo determinó que no le corresponde invalidar la legislación impugnada, debido a que se obtuvo esa autorización expresa para la Ley Número 58-2020 en el plebiscito de 2017 y que es cónsona con las aspiraciones que el pueblo de Puerto Rico manifestó al aprobar su Constitución.


El juez adjunto Rafael Martínez Torres emitió la opinión mayoritaria del tribunal, mientras que el juez adjunto Ángel Colón Pérez emitió una opinión disidente, a la que se sumaron la juez presidente Maite Oronoz Rodríguez y la jueza adjunta Anabelle Rodríguez Rodríguez, en la que señalaron que la mayoría de la corte revocó sub silentio el precedente establecido hace varias décadas en el caso Báez Galib v. Comisión Estatal de Elecciones.


En ese precedente, el tribunal había determinado en el año 2000 que debido a que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no favorecía, ni favorece, ninguna alternativa de ningún estatus, se concluyó que utilizar fondos públicos para avanzar la causa de solo una de las los partidos políticos “entienden, la estadidad”, era inconstitucional. Según los jueces disidentes, al desviarse de esta regla la mayoría de la corte “valida peligrosamente en nuestra jurisdicción el uso de fondos públicos para avanzar en la fórmula de estatus propuesta por el partido político en el poder”.