Crónica delendeudamiento de la AEE
Por: Jesús Santa Rodríguez
Para 2010, el ex gobernador del PNP, Luis Fortuño, negoció junto a tenedores de bonos y sus consultores la autorización de ocho emisiones de bonos ascendentes a $4,000 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a sabiendas de que era una deuda impagable. Más adelante autorizó otras emisiones contra la ya comprometida corporación pública: $650 millones en 2012 y otros $673 millones en 2013. A esa fecha, la deuda ya alcanzaba $9,500 millones.
Como consecuencia, en 2015 los bonos de la AEE fueron degradados, abriendo el camino a su quiebra, y comenzaron distintas movidas para la reestructuración de dicho endeudo que nos conducirían a aumentos significativos en el servicio eléctrico con el fin de pagarle “bien” a los bonistas, muchos de ellos fondos buitres, a sabiendas de que la deuda de casi $5,000 millones que pagaría el pueblo a futuro había resultado de un proceso irregular.
Para 2019, el entonces abogado de la Junta de Supervisión Fiscal y hoy gobernador Pedro Pierluisi negoció acuerdos a escondidas con los bonistas. Ese mismo año varios sectores se acercaron a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Johnny Méndez, para que se desarrollara legislación que detuviera el proceso de reestructuración y dejaran sin efecto los acuerdos que serían tan lesivos para el pueblo.
Todavía a esta fecha, el gobernador Pierluisi se ha hecho de la vista larga, prefiriendo mejorar las estipulaciones del acuerdo a favor de los bonistas en un proceso de mediación en el Tribunal, menoscabando los deberes y facultades de la Asamblea Legislativa de legislar condiciones menos onerosas para la AEE y el País.
Ante este escenario, en cumplimiento con el deber de fiducia y fiscalización que promueve la transparencia, la Cámara de Representantes inició un proceso de investigación mediante vistas públicas, con el fin de auditar los procedimientos que dieron curso a la emisión de la deuda de la AEE. Este proceso evaluará si las transacciones realizadas en 2010, 2012 y 2013 fueron irregulares e ilegales, establecerá cortapisas a las negociaciones de dicha deuda en cuartos oscuros y buscará evitar un incremento de casi el doble en el costo de la luz.
La actual mayoría legislativa no solo busca identificar irregularidades. También, se opondrá al encarecimiento en las tarifas y cargos de transición por el Acuerdo de Reestructuración, al incremento por consumo adicional y al llamado Impuesto al Sol.
Para ello, hemos convocado a diversos sectores y funcionarios de distintas instrumentalidades del Gobierno para deponer en vistas públicas. Pero, la convocatoria más importante es a las minorías legislativas, incluyendo a quienes, en 2015, prefirieron no investigar y legislar la reestructuración de esta deuda. No lo hicieron entonces. Ahora, ¿cuál será su excusa? Ninguna. También, toca al pueblo estar atento, porque nuestros hijos y nietos no merecen pagar por la irresponsabilidad y los intereses mezquinos de aquellos a quienes parece importarle poco nuestro país. Por ello, esa deuda será investigada por la Cámara.