Deber gubernamental la protección de los recursos
Por: Jesús Santa Rodríguez
Es cada vez más patente atestiguar que los gobiernos y sus ciudadanos han relegado a un plano de irrelevancia el entorno y la pertinencia de proteger los recursos naturales, subordinándolos a intereses políticos y económicos, sin detenerse a pensar que de nada vale acumular riquezas si le estamos poniendo fecha de caducidad a nuestro planeta.
En Puerto Rico, recientemente atestiguamos cómo lluvias copiosas causaron caos en la zona metropolitana. La planificación inadecuada, mal diseño de la infraestructura y sobre desarrollo de áreas propensas a inundaciones y cercanas a las costas, han sido causa eficiente de las horas desperdiciadas en tapones por las vías anegadas de agua, los carros ahogados en medio de las carreteras principales, propiedades dañadas y hasta destruidas estimadas en cientos de miles de dólares. Todo esto, sin contar con el disgusto y hasta la posibilidad de que pudieron costar pérdida de vidas.
En el caso de San Juan, el alcalde despachó el primer aguacero de hace un par de semanas y su consecuente inundación como uno “histórico”. A pocos días de esta excusa, cayó otra lluvia mucho menos copiosa que la anterior, pero que ocasionó los mismos estragos en las mismas áreas afectadas.
Es harto sabido que en San Juan existen problemas con los sistemas de bombeo, pero es poco lo que se ha hecho para repararlo. A pesar de que es de conocimiento general que existe una sobresaturación de desarrollos y construcciones en la zona metropolitana, no se conoce de ningún proyecto programático para corregirlo. Mientras, se continúan otorgando permisos de construcción en perjuicio de la gente.
Asimismo, vemos cómo propiedades y negocios descargan aguas usadas a los cuerpos de agua, sin que las autoridades municipales, estatales ni federales intervengan con ellos. Del mismo modo, a pesar de la visibilidad que han adquirido expresiones en protección de los recursos naturales y los bienes públicos y las decisiones de los tribunales contra los propietarios que buscan agenciarse bienes de dominio público, algunos desarrolladores continúan siendo favorecidos con el otorgamiento de permisos para lugares inapropiados e ilegales, sin las condiciones para construcción, aún en violación de los códigos, reglamentos y leyes estatales y federales. Entretanto, a los pequeños y medianos comerciantes se les hace la vida imposible impidiéndoles iniciar emprendimientos o continuar haciendo negocios que cuentan con las condiciones idóneas para operar solo por capricho o prebendas de aquellos llamados a servir bien a todos.
Los funcionarios y administradores públicos estamos llamados a hacer cumplir los estatutos que obligan a la protección de los recursos naturales y a no enajenar bienes de dominio público para beneficio de unos pocos. Corresponde desarrollar de forma responsable, en cumplimiento con los códigos correspondientes, y corregir los errores cometidos en la planificación de los desarrollos viales y sistemas para el manejo de aguas usadas y de lluvia. Cumplir y hacer cumplir con estas disposiciones son parte de los deberes y facultades que toca al gobierno ejercer para impedir la disposición ilegal y el uso inadecuado de los recursos naturales que pertenecen al pueblo y a las futuras generaciones.