Del lobo, el colmillo
Por: Jesús Santa Rodríguez
Muchos hemos escuchado el refrán “del lobo, un pelo”, refiriéndose a que aunque sea poco el remedio alcanzado, algo es mejor que nada. Pero, en la escena detrás del endeudamiento y los acuerdos que se busca alcanzar con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), nos ha tocado, no un pelo sino los colmillos.
A finales de su mandato en 2012, el exgobernador Luis Fortuño y Jenniffer González, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, entre otros actores, idearon un plan dirigido a esquilmar a esta corporación pública, que ya se sabía estaba en precario, igual que el resto del país, que sería formalmente declarado en quiebra poco tiempo después.
Concretamente, fueron varias las ocasiones en las que la AEE emitió los llamados Power Revenue Bonds. Específicamente, entre marzo y diciembre de 2010, la AEE cogió un cantazo de sobre $3,100 millones en deuda. Ya al final de su cuatrienio, Fortuño usó como colateral a la AEE para emitir deudas que ascendieron a $4,500 millones, colocando a esta corporación pública en entredicho fiscal, pues duplicó su deuda hasta alcanzar los $9,500 millones.
Todavía a estas alturas, Fortuño ni González han podido justificar el haber llevado a la AEE a este astronómico endeudamiento, ni cuánto de este dinero se destinó al mantenimiento y fortalecimiento de la red eléctrica.
De este tracto, es evidente que la deuda contraída por la AEE, que ya sobrepasaba los $10,000 millones en reclamaciones por parte de sus acreedores, en su mayoría, no respondía a deuda garantizada. Todos sabemos las condiciones en las que se encontraba la infraestructura eléctrica por falta de mantenimiento y actualización una vez María nos azotó. A esta fecha, continuamos a merced de un sistema deteriorado y poco confiable.
Luego de un prolongado periodo de negociaciones entre los acreedores y la Junta de Supervisión Fiscal, este organismo ha propuesto una tercera versión del Plan de Ajuste de la Deuda (PDA) de la AEE, reduciendo en un 80 por ciento los sobre $10,000 millones de deuda, dejando para pagar $2,500 millones, más las obligaciones por las pensiones. Esto significará un aumento en los costos de energía.
Pero, ¿quién heredará esta deuda mal habida y terminará pagándola? Serán los clientes residenciales no subsidiados, comerciales e industriales, porque los gubernamentales deben más de $73 millones en servicios a la AEE. Finalmente, los clientes no subsidiados terminaremos pagando un aumento de $0.04 el kWh, o casi 20 por ciento más en nuestras facturas. Si a esto sumamos los altos costos en los servicios y provisiones, como alimentos y otros bienes, Puerto Rico se coloca en la cima de las jurisdicciones y países donde más caro resulta vivir.
Para mitigar estos golpes al bolsillo de nuestras familias trabajadoras, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes continuará proponiendo legislación para una reforma contributiva abarcadora, la reducción del pago del IVU para ciertos productos de primera necesidad y la aprobación de una reforma laboral que incentive la retención de nuestra fuerza trabajadora. Tocará al Gobernador actuar con desprendimiento y aprobarlas por el bien del País.