• Editorial Semana

Departamento de Justicia demanda a fabricante de la guagua blindada y pide devolución de dinero


Por: Alex Fernández Rivas | CyberNews


El Departamento de Justicia (DJ) presentó hoy ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una demanda contra Texas Armoring Corporation (TAC) y su principal ejecutivo (CEO), Ronald Trent Kimball, por nulidad y cobro de lo indebido relacionado al vehículo de motor blindado, marca Chevrolet Suburban de 2018, solicitado por La Fortaleza, bajo la administración del entonces obernador Ricardo Rosselló, y que aún no ha sido entregado al Gobierno de Puerto Rico por parte del fabricante.


El pleito, que es radicado por el DJ, tras el referido de la Administración de Servicios Generales (ASG), solicita, entre otros asuntos, la cancelación del contrato de compra por no cumplir con los requisitos legales de contratación del Gobierno de Puerto Rico y que TAC devuelva la cantidad de 224,100 dólares, además de los intereses, costas y gastos legales asumidos para la compra del vehículo. Asimismo, la demanda busca la nulidad de la selección de foro, para que la misma se ventile en Puerto Rico y no en Texas, sede de la empresa.


Ante la eventualidad que el Tribunal no anule el contrato, la demanda solicita que se declare su incumplimiento y que se devuelvan las cantidades señaladas.


“Nuestra primera prioridad es salvaguardar los fondos públicos ante una compra que claramente no cumplió con las leyes de contratación aplicables en Puerto Rico”, indicó el designado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.


Este agregó que TAC no prestó una fianza que es requerida cuando la transacción conlleva un pago anticipado en exceso de 10,000 dólares y, ante su ausencia, el Departamento de Hacienda no concedió una dispensa, según lee la demanda.


Por otra parte, la administradora de la ASG, Karla Mercado Rivera, subrayó los múltiples intentos que realizó su agencia para conocer la situación de la guagua blindada.


“Finalmente se están dando pasos afirmativos para concluir este asunto. El mensaje es uno; habrá consecuencias para todo aquel que no obre conforme a la Ley en todo negocio que involucre el uso de fondos públicos, tanto de parte de los funcionarios como del suplidor”, sostuvo Mercado Rivera.


Según se indica en la demanda, los hechos del caso establecen que los numerosos intentos realizados por parte del Gobierno para obtener el vehículo resultaron infructuosos ante distintas versiones ofrecidas por la empresa que se relacionan con un cambio de orden y dilaciones con suplidores, entre otros asuntos.


El escrito presentado establece, además, que el 26 de febrero de 2018, Raymond Cruz, el entonces director de la Oficina del Gobernador, suscribió un contrato para la adquisición del Chevrolet Suburban, luego que La Fortaleza expresara la necesidad de este. Para la misma fecha, el entonces administrador de la ASG emitió el comprobante de pago contra obligación por la cantidad de 165,950 dólares. Entre otras condiciones contractuales se incluyó un descuento de 27,550 dólares al costo original de la Chevrolet Suburban de 272,550 dólares, y que la entrega del vehículo debería proceder entre 120 y 150 días.


La demanda sostiene que el 23 de octubre de 2019, el entonces administrador de La Fortaleza, Luis A. Martínez, le envió una carta al entonces comisionado de la Policía, Henry Escalera, para que la agencia saldara el balance restante, asumiera la jurisdicción del vehículo y finalizara la transacción con TAC. La carta señala que el entonces gobernador Ricardo Rosselló ordenó la transferencia.


El pasado 21 de enero, ASG refirió al Departamento de Justicia el proceso de compra para analizar la acción correspondiente, luego que comunicaciones entre funcionarios de la agencia y la empresa para obtener el vehículo resultaran infructuosas.


El Gobierno de Puerto Rico desembolsó un total de 224,100 dólares de fondos públicos para la compra del vehículo, pero hasta la fecha no se ha logrado confirmar su ubicación ni se conoce si TAC comenzó o culminó su ensamblaje.