• Editorial Semana

Desarrollo económico sostenible


Por: Jesús Santa Rodríguez


El presupuesto público es el instrumento necesario para solventar los gastos que aseguren el funcionamiento adecuado del gobierno en la provisión de servicios a sus ciudadanos. Un presupuesto balanceado es el mejor garante para la prestación planificada de servicios y el logro de metas específicas, como el mantenimiento y mejoramiento de infraestructuras, educación pública de calidad, salud, seguridad, justicia, y acceso a servicios esenciales para las comunidades y los ciudadanos basándose en la equidad, eficiencia y eficacia, para fortalecer y encaminar el País hacia la autosuficiencia.


Recordemos que varios gobiernos en Puerto Rico mantuvieron un déficit acumulado y solventaron el exceso de gastos por la vía de préstamos y emisiones de bonos que nos llevaron a la espiral de la insolvencia y la quiebra. Nuestro periodo más tóxico, fiscalmente hablando, fue bajo la administración de Luis Fortuño, que no solo gastó más de lo presupuestado, acumulando un déficit de $12 mil millones en 4 años. Ya sabemos el desenlace: en 2013, nuestro País se vio precisado a acogerse a la Ley PROMESA, que nos colocó bajo la tutela de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) exógena a nuestro ordenamiento.


Uno de los enfoques principales de la Comisión de Hacienda de la Cámara este cuatrienio será trabajar de forma corresponsable y consensuada con legisladores, alcaldes y jefes de agencia, para lograr una agenda dirigida a diseñar, aprobar y ejecutar cuatro de los primeros cinco presupuestos balanceados necesarios para que el término de vida de la JSF en Puerto Rico llegue a buen fin, retomar la funciones inherentes al gobierno e impulsar el tan necesario desarrollo socioeconómico para nuestra Isla. También, es importante insertar en la discusión a los sectores económicos responsables de crear empleos y aportar a nuestra economía para robustecerlos mientras atraemos nueva inversión. Son sus impuestos y los empleos que crean los que nutren nuestra economía, sustentando, a su vez, el Fondo General.


Otro gran reto es lograr mejorar las condiciones salariales y de empleo de nuestra fuerza trabajadora. También, los empleadores necesitan reconocer la importancia de la equidad en el lugar de empleo y equiparar a la mujer trabajadora con sus pares, no solo ofreciéndoles posiciones de mayor jerarquía y responsabilidad, sino una paga justa con el fin de cerrar la brecha salarial por hacer el mismo trabajo.


Asimismo, para alcanzar la expansión económica a través del mejoramiento de la calidad de los empleos que redundarán en un incremento en la capacidad adquisitiva de los individuos que retornará a la economía del País, el gobierno deberá cumplir su parte ofreciendo las condiciones idóneas para que los empresarios traigan más y nuevos productos y servicios para solidificar y expandir operaciones, y retener y recuperar el mejor talento. El mundo empresarial reconoce que Puerto Rico es la jurisdicción ideal para establecer industrias que requieren profesionales mejor preparados y mano de obra especializada.


En nuestro País, las pequeñas y medianas empresas emplean a casi el 70% de la clase trabajadora. Por su parte, el sector de la manufactura aporta cerca del 40% del producto interno bruto, ofreciendo empleos especializados que ayudan, primero, a retener el mejor talento, y segundo, a elevar el nivel en la calidad de trabajos disponibles para nuestros profesionales y conservarlos en la Isla. Por ello, uno de los grandes retos del gobierno es, no solo retener la manufactura y ampliar la presencia de este sector, sino robustecer al pequeño y mediano comerciante. Fortalecer nuestros sectores productivos, implantar un presupuesto público responsable e invertir en el pueblo son la base para un desarrollo socioeconómico sostenible.