• Editorial Semana

Disfuncionalidad administrativa en educación pública


Por: Prof. Luis Dómenech Sepúlveda


“El triunfo de un puertorriqueño sobre otro puertorriqueño es la derrota de la Patria.”

(Pedro Albizu Campos)


Creo honestamente que la interpelación de la Cámara de Representantes ante la nominada Secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, no tan solo resultó decepcionante, insensible y abusivo, sino que quedó evidenciado que los que pretenden gobernar la colonia no han logrado comprender que el problema de gobernanza del Departamento de Educación es mucho más profundo que las meras capacidades intelectuales de la persona designada para el cargo ministerial. Entendamos que el problema fundamental de nuestra educación pública reside en su obstinada centralización del poder, politización, degradación del principio del mérito, el nepotismo, amiguismo rampante, la intromisión descarada de los inversionistas políticos y los escandalosos contratos en detrimento del magisterio y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como se sabe, el Departamento de Educación ha venido arrastrando esa pesada y nefasta disfuncionalidad administrativa desde los tiempos del notorio Víctor Fajardo en la década de 1990. Por tanto, “el virus devorador y corrosivo no ha estado únicamente en la sábana sino también en el paciente”.


Recuerdo cuando Aníbal Acevedo Vilá nombró a Rafael Aragunde para el cargo de Secretario de Educación (2004-2008), una compañera de la UPR-Cayey preguntó mi opinión sobre dicho nombramiento. Le contesté entonces que el colega reunía todos los atributos para desempeñar el cargo, entiéndase intelectuales, académicos, conceptuales, humanos y pedagógicos. Sin embargo, anticipé que, a la luz de la estructura organizativa (centralización del poder, entrometimiento político, influencias indebidas de los inversionistas políticos y la degradación al que han sido sometidos tanto el personal docente como estudiantil), constituía una verdadera barrera administrativa no solo para Aragunde sino para cualquier otra persona designada para el cargo ministerial. Y la historia nos ha dado la razón.


Como se sabe, el Departamento de Educación ha sido convertido en botín político no solo para beneficio de los gobernadores de turno sino también para los alcaldes, legisladores y “amigotes del alma”. Todos ellos seducidos por el apetitoso presupuesto y el diluvio de empleos que ello representa para propósitos político-partidistas. ¡Olvídese usted del principio del mérito y los derechos adquiridos del magisterio! El amiguismo y el nepotismo constituyen la carta de presentación de la institución. No olvidemos, además, los dos casos secretariales arrestados y procesados por los tribunales del imperio por actos desvergonzados de corrupción.


Para subsanar la disfuncionalidad administrativa de la institución, favorecemos: (1) La transformación total y absoluta del Departamento de Educación con un enfoque de educación integral, despolitizado y descentralizado, mediante el método Montessori. (2) Establecer un término de diez años para el cargo ministerial sujeto a evaluaciones periódicas. (3) Que la persona nominada por el gobierno forme parte de una terna avalada y recomendada por sus propios pares y por los programas de pedagogía universitarios. (4) Garantizar el principio del mérito para el reclutamiento y ascenso del personal docente y administrativo y (5) Elevar los salarios y beneficios marginales del magisterio a la altura de los tiempos.