• Editorial Semana

El Código del fraude



Por: Jesús Santa Rodríguez


El sábado pasado, la gobernadora Wanda Vázquez volvió a de- mostrar cuán peligroso puede ser para nuestro país un gobernante sin carácter. Después de meses en que la mayoría legislativa amasara el proyecto para enmendar el Código Electoral, a pocas semanas de la celebración de las primarias y menos de cinco meses para las elecciones generales, la gobernadora lo firmó a pesar de serios defectos que abren la puerta al fraude electoral, actuando contra su propia palabra de que no aprobaría el proyecto a menos que contara con el consenso de los partidos de minoría y otros sectores políticos con standing.


A raíz de este nuevo desvarío de Vázquez, organizaciones, como el Colegio de Abogados y Abogadas, entidades políticas como el Partido Popular Democrático y varios precandidatos electorales estudian la posibilidad de impugnar el nuevo Código por la vía legal, por entender que afecta y limita los derechos fundamentales del acceso a la democracia a través del voto único, secreto y libre, y por no res- petar la intención del elector.


Esta ley no solo interfiere con la intención del elector residente de Puerto Rico de escoger los candi- datos que lo representen en el descargo de sus funciones para establecer la política pública del país y administrar sus recursos. También amenaza el derecho de los aspirantes con las competencias necesarias que, en buena lid, buscan limpiamente ocupar puestos electivos y, como resultado de la estafa, podrían resultar derrotados por la vía del truco. Tampoco reconoce la voluntad del elector de votar fuera de insignias políticas, y permitiría que personas que ya no residen en la Isla ni aportan con su trabajo e impuestos al desarrollo de la Isla, decidan quiénes gobernarán, legislarán y determinarán el presente y futuro del país. Todo este panorama abre la puerta al fraude y atenta contra la democracia.


A ello hay que sumar las actuaciones sospechosas del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan E. Dávila Rivera, que avaló el nuevo Código Electoral a pesar de afirmar que desconoce cuánto costará su implantación y cómo se operacionalizará. No olvidemos que la Comisión arrastra fallas crónicas, incluyendo una base de datos de un universo electoral cuestionable y la falta de confiabilidad por el estado de las máquinas de escrutinio electrónico. A esto hay que añadir la reducción en el presupuesto asignado para este año por la Junta de Control Fiscal de un cuarenta y nueve por ciento, más una insuficiencia en el presupuesto operacional para nómina de seis millones.


Ante la crisis de la CEE, problemas presupuestarios y operacionales, más el poco tiempo restante para las primarias y las elecciones generales, es imperativo impugnar este nuevo Código, innecesario y peligroso para la democracia.


Gobernar un país no es juego de niños. Aún en los juegos de niños hay reglas que no se cambian en medio de la competencia, mucho menos por uno de los jugadores para robarle el tiro a los contendores con mejor capacidad y rendimiento. No se trata únicamente de un atentado antiético, inmoral y vil contra la voluntad de la mayoría -a saber con qué intenciones-, sino un comportamiento que solo se observa en los países donde rigen las dictaduras que bus- can dominar al pueblo a la fuerza para menoscabar el pluralismo y las libertades adquiridas a través de la historia.

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