El camino a la recuperación fiscal
El proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal 2024 propuesto por la Cámara de Representantes durante la presente sesión ordinaria sería el tercero balanceado desde nuestra quiebra pública declarada en 2016. Tal como fue el compromiso de esta mayoría legislativa desde el momento en que asumimos este mandato, lejos de aceptar por decreto la propuesta de gastos de la Junta de Control Fiscal, hemos trabajado y negociado con ellos.
Lograr un tercer presupuesto balanceado no es producto de la casualidad, especialmente en consideración al reto de una composición ideológica legislativa diversa. Recordemos que allá para 2017, la Asamblea Legislativa dominada entonces por el Partido Nuevo Progresista decidió avestruzarse, entregando sus deberes y facultades para que la Junta hiciera la distribución de partidas destinadas no solo al repago de la deuda contraída con bonistas y acreedores, sino a la provisión de servicios destinados a la ciudadanía.
Queda demostrado que para alcanzar un propósito no basta con ejercer el derecho a la expresión y la protesta -reconociendo en este ejercicio libertades humanas fundamentales-. También, que es preciso tener la capacidad de conversar, discutir diferencias y negociar entre las partes contrapuestas, plantear las necesidades y demostrar con datos e información qué ajustes son esenciales para lograr conciliar, en nuestro caso, el propósito cardinal de la Junta de Control Fiscal y las necesidades indelegables de cumplir nuestro compromiso social con la gente.
Entre las enmiendas más sobresalientes propuestas por la Legislatura a este presupuesto, se incluye un incremento de $102 millones para la Universidad de Puerto Rico para satisfacer el costo de acreditaciones profesionales e institucionales, el reclutamiento de investigadores, y cumplir con el pago del salario mínimo federal de sus empleados no docentes que todavía cobran $7.25 por hora, entre otras prioridades. Se identificaron fondos para dar apoyo a los municipios amenazados por las políticas de austeridad impuestas durante los pasados años para destinarse a iniciativas operacionales y servicios esenciales a los ciudadanos. Se adjudicaron $7 millones para fortalecer la lucha contra el abuso y la violencia a nuestros niños y niñas; $5 millones para el proyecto CASA; un millón de dólares para el laboratorio de drogas de ASSMCA; la reparación de las instalaciones centrales del Departamento de la Vivienda e instalar un generador; y otras asignaciones, entre ellas al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
Por primera vez en nuestra escena política la legislatura está representada por todos los partidos políticos que participaron en las elecciones generales de 2020 y legisladores independientes, constituyendo una diversidad ideológica amplia y, por ende, desafiante. Esto ha constituido un reto enorme para lograr la aprobación de medidas, incluyendo el presupuesto general del País. Sin embargo, lejos de resignarnos y entregar el presupuesto a la discreción de la Junta como hizo la pasada mayoría legislativa, estamos trabajando con ellos por un presupuesto más enfocado en la recuperación fiscal del gobierno, el bienestar de nuestro pueblo y sus instituciones más esenciales, como la Universidad de Puerto Rico, sus municipios, los niños víctimas del maltrato y una mejor educación pública.