El impacto del escándalo en Desarrollo Económico

Por: Nitza Morán Trinidad

Los recientes señalamientos y controversias que han rodeado al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio han provocado una preocupación generalizada entre quienes apostamos al desarrollo económico de Puerto Rico. Más allá de los protagonistas, las investigaciones y las posibles consecuencias legales, el asunto plantea una pregunta inevitable: ¿cómo queda la confianza en las agencias gubernamentales? Cuando una agencia vinculada directamente a la política pública económica enfrenta alegaciones de irregularidades, conflictos de intereses o falta de controles adecuados, el daño no se limita al titular del día. También se afecta la credibilidad institucional, se debilita la confianza ciudadana y se proyecta hacia el exterior una imagen que puede resultar perjudicial para la atracción de inversión, la creación de empleos y el desarrollo de nuevas oportunidades. Los inversionistas, empresarios y entidades que evalúan dónde establecer o expandir operaciones buscan jurisdicciones con reglas claras, procesos transparentes y confianza en la gestión pública. Por eso, cuando surgen controversias en agencias encargadas de promover el desarrollo económico, el mensaje que se transmite puede ser tan dañino como los hechos mismos. Puerto Rico enfrenta desde hace años grandes retos económicos. En ese contexto, las controversias que involucran a funcionarios o entidades relacionadas con el desarrollo económico desvían la atención de las verdaderas prioridades: retener talento, atraer capital privado, fortalecer las pequeñas y medianas empresas, fomentar la innovación y construir una política pública coherente, confiable y sostenible. Las consecuencias de este tipo de escándalo pueden manifestarse de distintas maneras. Algunos inversionistas podrían retrasar decisiones. Otros podrían cuestionar la capacidad del gobierno para fiscalizar sus propios procesos. También podría afectarse la percepción de estabilidad, transparencia y seriedad institucional. En materia económica, la reputación de una jurisdicción siempre influye en la evaluación final de quienes contemplan invertir. Sin embargo, la respuesta a estas situaciones no debe limitarse a la indignación pública ni al intercambio de acusaciones. Lo verdaderamente importante es fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización. Las investigaciones deben realizarse con rigor, independencia y rapidez. Si hubo acciones indebidas, deben adjudicarse responsabilidades. Si las alegaciones resultan infundadas, también debe aclararse de forma contundente para proteger la confianza en la institución. Los mercados modernos valoran cada vez más las buenas prácticas de gobernanza, la integridad institucional y la estabilidad regulatoria. Un gobierno que demuestra capacidad para fiscalizar, corregir errores y actuar con transparencia proyecta fortaleza. Por el contrario, la falta de acción puede transmitir vulnerabilidad, improvisación y debilidad institucional. Al final, el mayor riesgo de cualquier escándalo no es únicamente el impacto inmediato de una noticia, sino el deterioro de la confianza pública e institucional. Recuperarla puede tomar años. Y en una economía que necesita inversión, estabilidad y credibilidad, ese costo puede ser devastador.

La autora es senadora por San Juan,

Aguas Buenas y Guaynabo