Por: Jesús Santa Rodríguez
El impuesto mínimo global (IMG, también conocido como Pilar II), es un nuevo estándar internacional que impulsa la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con el fin de evitar competencias que beneficien a unas jurisdicciones en perjuicio de otras basándose en aspectos tributarios. El principio es que las empresas multinacionales paguen un mínimo de 15% de impuestos en los lugares donde operen. Países y territorios de la Unión Europea y Asia ya cuentan con el marco legal contributivo para acoger e implantar esta iniciativa, por lo que es indelegable para Puerto Rico el atenderlo y convertirlo en uno viable.
El IMG podría representar tanto oportunidades como escollos para nuestro país. Conscientes del impacto que tendría este sobre el marco impositivo en la isla, hemos sostenido varias reuniones con empresas de manufactura que han hecho inversiones multimillonarias en sus instalaciones locales y presentamos legislación que fue aprobada en la Cámara, pero quedó irresuelta en el Senado.
De acuerdo con el Departamento de Hacienda, y la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes que he presidido durante los pasados cuatro años, existen varias prioridades que deben atenderse de cara a la implantación de este impuesto. Sabemos que el nivel de conocimiento, experiencia y especialización de la mano de obra de nuestro país es de primer orden. Sin embargo, Puerto Rico necesita realizar cambios estructurales y de infraestructura importantes para hacerse un destino de inversión aún más competitivo. Por: Jesús Santa RodríguezTambién, necesitamos proteger las reglas y derechos tributarios del país, y cumplir con los estándares internacionales impuestos reglamentariamente por el OCDE. No menos importante es lograrlo dentro del contexto de neutralidad bajo la Ley PROMESA y sus exigencias, tanto para el gobierno como para los contribuyentes locales.
Por ello, es imprescindible que se convoque una Sesión Extraordinaria de la Asamblea Legislativa para discutir este importante asunto de forma urgente y traducirlo en legislación efectiva y eficiente que nos permita capturar esos impuestos y se inviertan, se mantengan estas industrias y se atraigan nuevos emprendimientos. Al presente, el potencial de ingresos del IMG asciende a $3,800 millones. Al menos unos 100,000 empleos dependen de estas empresas.
Sobre 140 jurisdicciones han implantado el IMG. Este aplica a toda corporación con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros. Cualquier corporación o filial de corporaciones sitas en Puerto Rico con matrices en países donde se haya firmado este acuerdo podrá ser afectada, pues la tasa tributaria en la isla es de 4%. A partir de enero de 2025, cualquier país participante en este acuerdo podrá reclamar a otra jurisdicción que no haya adoptado el IMG la diferencia a la tasa del 15%. En nuestro caso, estamos hablando de un 11%, o más de $3,500 millones.
Atender este asunto en una Sesión Extraordinaria no es una opción, sino una obligación del gobierno y su Asamblea Legislativa. Las empresas que operan en Puerto Rico no estarán en posición de optar si pagar o no el 15%, pues lo tendrán que hacer aquí, o en otra jurisdicción o país. Operacionalizar la captación de este dinero localmente exige no solo voluntad para convocar a la legislatura; también requiere aprobar esta legislación de forma eficiente y expedita.
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