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  • Foto del escritorEditorial Semana

El rol de las organizaciones sociales


Por: Jesús Santa Rodríguez


A pesar de la apariencia de igualdad social proyectada en medios publicitarios sobre la imagen de Puerto Rico, Estados Unidos y otros países, muchos sufren limitaciones, pobreza, exclusión y marginalización. Por ello, los gobiernos están llamados a lograr una sociedad más justa y erradicar la pobreza, mediante el desarrollo y la implantación de proyectos dirigidos a estimular economías enfocadas en una distribución equitativa de recursos, aprobar leyes para la justicia salarial y mejores condiciones de trabajo, y acceso a educación y servicios de salud de primer orden. Puerto Rico, que recibe sobre $70,000 millones cada año en ingresos propios y otros miles de millones en asignaciones federales, no hay excusa para que decenas de miles permanezcan en la precariedad.


En el marco de esta realidad social nuestra y de otros países, existen organizaciones sociales que llenan un espacio para suplir las necesidades humanas que los gobiernos no han podido ocupar, en gran medida, por altos niveles de burocracia y, también, la corrupción. Estas organizaciones son una caja de resonancia que revela los problemas que afectan nuestro conjunto social, y con información de primera mano, persuaden a los gobiernos y las instituciones políticas a asumir un rol, señalando cuáles son las necesidades más apremiantes de varios grupos, propiciando el desarrollo de política pública para el bien de todos, no de unos pocos.


En Puerto Rico existen aproximadamente 13,000 organizaciones sociales y del Tercer Sector, de base de fe, salud, educación y cuido de niños y ancianos vulnerables, que ofrecen servicios a algunas comunidades que el gobierno no puede alcanzar completa ni efectivamente. En muchas ocasiones, estas son la voz de quienes, en su ausencia, permanecerían invisibilizados.


Desde el año pasado, la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario que copresido tuvo una transformación profunda, estableciendo por primera vez requisitos y métricas a estas organizaciones para asegurar el nivel de cumplimiento óptimo de aquellas que solicitan asignaciones especiales a la Asamblea Legislativa y ayudar a solventar sus gastos relacionados con su oferta de servicios a las comunidades más vulnerables. Entre las acciones tomadas se encuentran, validar el cumplimiento cabal de estas con la misión y propósitos de sus estatutos corporativos, confirmar que los servicios ofrecidos hayan alcanzado a la población objeto, y auditar su ejecución y cumplimiento para asegurar que, en efecto, los recursos públicos fueron utilizados adecuadamente. Al presente, la Comisión ha alcanzado cerca de 600 organizaciones que han demostrado su compromiso social y un cumplimiento cabal en el uso de dichas asignaciones.


Como en la mayoría de los países del mundo, las organizaciones sociales y del Tercer Sector son la voz de muchos. Nuestra Asamblea Legislativa tiene el deber y compromiso de que los fondos destinados para estas alcancen al mayor número de personas servidas, de manera justa y representativa, teniendo a los ciudadanos como prioridad. Nos enorgullece su aporte dirigido a mejorar la calidad de vida de nuestra gente como pilar de apoyo social esencial para nuestro País.

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