Por: Nitza Morán Trinidad
La transición hacia un Puerto Rico más sostenible es un objetivo que compartimos todos. La eliminación progresiva de los plásticos desechables es una medida necesaria para proteger nuestro medio ambiente y asegurar un futuro más limpio para las próximas generaciones. Sin embargo, como legisladores, tenemos la responsabilidad de garantizar que esta transición se haga de manera justa, efectiva e inclusiva, tomando en cuenta las realidades económicas y operativas de nuestro sector comercial, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Recientemente, se sostuvo la primera mesa de trabajo del Senado sobre el impacto de la prohibición de plásticos, con la participación de más de 25 representantes del sector comercial, agencias gubernamentales y expertos en sostenibilidad. Este espacio de diálogo reafirmó la importancia de tomar en cuenta todas las perspectivas antes de implementar cambios que afecten el ecosistema empresarial de nuestra isla.
Uno de los principales consensos de esta mesa de trabajo fue la urgencia de desarrollar una industria de reciclaje industrial en Puerto Rico. Actualmente, no existe en la isla una empresa que procese plásticos a nivel industrial, lo que provoca que gran parte de estos residuos terminen en los vertederos, sin respetar ni la ley ni el medio ambiente. Si queremos que la prohibición de plásticos tenga el impacto positivo que buscamos, primero debemos garantizar que contamos con la infraestructura adecuada para su manejo. Por otro lado, la falta de claridad en la ley y la ausencia de reglamentos detallados han generado confusión en el sector comercial, que se ve obligado a implementar cambios sin un marco normativo claro. Desde la Asamblea Legislativa, trabajaremos para asegurar que esta transición cuente con reglas bien definidas, de manera que los comerciantes puedan cumplir con la ley sin poner en riesgo sus negocios.
Las empresas Pymes son las más afectadas por la prohibición de plásticos. Muchas de ellas enfrentan dificultades económicas que les impiden hacer la transición a alternativas sostenibles de manera inmediata. Es por eso que en esta mesa de trabajo se planteó una recomendación clave: extender el periodo de implementación de la ley y aplicarla por fases. No se trata de retroceder en el esfuerzo por proteger nuestro medio ambiente, sino de hacerlo de manera estratégica y sostenible. Las decisiones legislativas deben estar fundamentadas en la realidad del país, y eso significa escuchar activamente a todos los sectores impactados. Desde el Senado, reafirmo mi compromiso de trabajar de la mano con el sector comercial, las agencias reguladoras y la sociedad civil para garantizar que esta transición se lleve a cabo con éxito. El desarrollo económico y la sostenibilidad no deben verse como fuerzas opuestas, sino como aliados en la construcción de un Puerto Rico más competitivo y resiliente.
La autora es senadora por San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo
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