Por: Jesús Santa Rodríguez
No existe una solución fácil para enfrentar y detener la criminalidad que arropa a nuestro país, pero tampoco excusas para que el gobierno continúe haciendo lo mismo esperando resultados diferentes.
En escasamente dos meses y medio, decenas de familias puertorriqueñas han perdido a uno de sus miembros, incluyendo las víctimas inmersas en actividades ilegales, como el narcotráfico. Una madre, un hijo o una hermana sufren la partida de cualquiera de sus seres amados, independientemente de las causas que terminaron con su vida. También, decenas lloran los cruentos asesinatos de las víctimas inocentes por la laxitud a la hora de imponer restricciones y penas a los criminales recurrentes que, estando en la libre comunidad sin merecerlo, acaban con otras vidas.
Hemos insistido en que el marco jurídico penal de Puerto Rico, en términos generales, provee los estatutos para que los criminales sean encauzados y paguen ante la sociedad por sus delitos. Sin embargo, vemos cómo, en el trágico marco de estas masacres y asesinatos, muchos de los perpetradores y las “tarjetas” poseen amplios expedientes delictivos, en ocasiones por trasiego de drogas, armas, tentativas de asesinato y hasta homicidios, y se encontraban campeando por su respeto al momento de acometer nuevos delitos.
Un ejemplo de que sí es posible empezar por reapoderarse de las calles por parte de la Policía, lo es la presencia de la que fui testigo en mi Distrito durante el fin de semana pasado. Varios agentes en motoras discurrían por distintas carreteras y vías principales interviniendo por conducir a exceso de velocidad, mantener los cristales excesivamente entintados y otras actividades sospechosas. Naturalmente, haciendo la salvedad de que los derechos ciudadanos y el debido proceso de Ley deben regir nuestra sociedad, también es importante recordarle al pueblo que existen estatutos y leyes que tienen que ser acatados, y que contamos con los recursos para hacerlos respetar. Nadie puede negar que ver la presencia de una patrulla o un agente de la Policía es un disuasivo para cualquiera que esté manejando de forma irresponsable, esté escuchando música a un volumen exagerado, tenga la intención de atracar a alguien, robarse un carro o cometer otro delito.
Todos conocemos que el número de efectivos policiacos ha bajado y que muchos cuarteles estatales y municipales tienen guardias, pero no tienen vehículos. Privar a la Policía de los medios para realizar su trabajo, o no delinearles planes estratégicos de vigilancia, y si al momento de intervenir y encauzar a un delincuente los casos se caen por tecnicismos legales y jurídicos, es otra muestra del fracaso del gobierno en garantizar nuestra seguridad.
Más importante es que, en esta guerra que enfrentamos como país contra el narcotráfico, las autoridades federales, que son las responsables de monitorear la entrada de drogas y armas a la isla, refuercen aún más sus planes e intervenciones. Si el eje de esta crisis de seguridad es el éxito que tienen los narcotraficantes para ingresar y distribuir su veneno hacia y desde Puerto Rico, por más policías que recorran nuestras calles, las consecuentes masacres y los cientos de muertes de jóvenes a manos de las drogas y los crímenes asociados a estas no verán tregua.
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