• Editorial Semana

Exigen a DACO ser más diligentes en sus facultades de proteger al consumidor


Por: Antonio Luis Negrón Cruz | CyberNews


La representante y presidenta de la Comisión de sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, Estrella Martínez Soto realizó el martes, una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 219 que investiga la alegada violación a los procedimientos del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en el aumento del precio de venta, el pasado diciembre de 2020, del tanque de gas licuado por parte de los importadores, así como la justificación expresada para dicho aumento.


Los representantes recibieron ponencias de la Federación de Distribuidores de Fedigas, representada por Carlos Jurado Roque, y en representación del Departamento de Justicia, la Lcda. Mónica Rivas.


Sin embargo, el secretario del DACO, licenciado Edan Rivera Rodríguez, a pesar de haber sido citado con anterioridad por la Comisión, no compareció a la vista pública limitándose a enviar un memorial explicativo.


‘’Hoy habíamos citado al secretario del DACO para que depusiera en esta vista pública y curiosamente, sale a relucir que están visitando los distribuidores y detallistas de gas. Pero, cuando se está tocando un tema tan importante y le estamos dando seguimiento a esta situación que afecta a sobre 600,000 consumidores y comercios, están hoy en la calle haciendo supuestamente lo que les corresponde: fiscalizar y regular a las industrias’’, expresó en su turno inicial la representante Martínez Soto.


En el documento enviado por DACO, se indicó que Puerto Rico, al no producir petróleo, coloca a la agencia en una ‘’situación de vulnerabilidad en lo que respecta a las fluctuaciones en precio de sus derivados, incluido el gas licuado’’, y sugirieron a la Comisión que, en vez de dirigir su investigación en torno a la regulación del gas licuado, deberían girar la discusión hacia leyes que fomenten un mercado más ‘’competitivo y equitativo’’.


Entre las sugerencias contenidas en el memorial firmado por el Secretario de DACO están: revisar el historial legislativo de la Ley 3-1978 y realizar un análisis económico que permita determinar si es posible extender los alcances de la legislación; establecer mecanismos que faciliten y promuevan el ingreso en el mercado de nuevas empresas a nivel de mayoristas/importadores; y evaluar la Ley 77-1964 y ponderar la posibilidad de, al amparo de esta, conceder mayores facultades al DACO.


El Secretario en su escrito explicó que la Ley 3, por tratarse de una legislación que no administra la agencia, propusieron que la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia (OAM), sea la agencia que asuma la jurisdicción para velar por sus disposiciones.


De igual manera, Rivera Rodríguez estableció que la Ley 77 impide a la dependencia gubernamental investigar o atender toda alegación en torno a posibles prácticas monopolísticas por el hecho de que, en Puerto Rico, solo dos empresas acaparan el mercado: Empire Gas, con el 80%, y Tropigas, con 20%. De esa forma, el Secretario pidió que se le concediera la posibilidad de obtener la jurisdicción compartida con la OAM, y de esa manera, DACO tenga la potestad en ley para investigar y atender las alegaciones sobre presuntas prácticas monopolísticas.


‘’Confiamos en que el interés y compromiso con que están atendiendo el asunto esta Comisión se traducirá pronto en medidas que beneficien al mercado; y, en consecuencia, mayores ventajas a los consumidores’’, concluyó Rivera Rodríguez mediante comunicación escrita.


Investigaciones por OAM


Aunque la Comisión había citado a la subsecretaria del Departamento de Justicia, Wanda Casiano Sosa, asistió la licenciada Rivas en sustitución de esta.


‘’La OAM cuenta con una delegación amplia de poderes que le permite al Estado contar con los instrumentos investigativos precisos para cumplir con el propósito fiscalizador’’, comenzó diciendo la Licenciada.


De igual forma, Rivas afirmó que la OAM se encuentra realizando varias investigaciones sobre el mercado del gas licuado de petróleo por posibles violaciones a la Ley 77. No obstante, recibieron una querella para atender la situación del ‘’monopolio’’ sobre el gas licuado en el 2017, pero a la fecha de hoy no han podido completar la investigación.


Como producto de una de las investigaciones, OAM determinó que una de las empresas mayoristas de gas licuado en Puerto Rico, Tropigas, estaba incurriendo en prácticas ilícitas de discrimen en precios contra distintos detallistas de gas.


‘’Ciertamente esto afecta la libre competencia del pequeño comerciante, al no encontrarse en iguales condiciones de competitividad. Ante ello, la OAM presentó una querella a DACO contra la empresa y sus directivos por violaciones a las leyes y reglamentos de monopolio por el hecho de que han sido presentadas otras querellas en la OAM y las investigaciones sobre la industria del gas licuado se encuentran en curso’’, sostuvo Rivas.


El Departamento de Justicia aclaró, igualmente, que le corresponde a DACO establecer los precios e implementar la fiscalización de las empresas de gas licuado.


Según el Departamento, recientemente, DACO emitió un comunicado en el cual anunciaron que trimestralmente se emitirá un informe con los hallazgos sobre el estado de la industria del gas licuado. Entre las propuestas contenidas en dicho Informe, DACO contempla realizar nuevos operativos de fiscalización y emitir nuevas órdenes para aclarar las directrices a los mayoristas.


Del mismo modo, Rivas comentó que DACO se encuentra en mejor posición para recomendar legislación que refuerce las sanciones que Justicia pueda imponer ante los incumplimientos con sus regulaciones. ‘’Entendemos, que el DACO puede informar detalladamente sobre el impacto perjudicial que estas prácticas han tenido sobre los consumidores’’.


‘’La OAM continuará con las investigaciones activas en torno a esta industria, y presentará en su día las querellas o acciones judiciales que correspondan. Se hace constar que el Departamento de Justicia y la OAM se encuentran en la mejor disposición de colaborar con DACO en el proceso de fiscalizar esta industria dentro de los linderos de sus facultades estatutarias’’, puntualizó Rivas.

Piden acción a DACO


Por otro lado, Fedigas destacó que, respecto a la industria de gas licuado en Puerto Rico, el consumidor está en ‘’completo desamparo’’.


El portavoz de la empresa, Carlos Jurado Roque, planteó tres problemas principales que se encuentran en el funcionamiento y desarrollo de la industria: la ausencia de competencia real a nivel de importadores/mayoristas, la impunidad que promueve violaciones de las regulaciones y la competencia desleal de estos frente a los detallistas a domicilio.


‘’La ausencia de competencia es un asunto medular que urge atender. No es nuevo, DACO lo conoce y también lo conoce la legislatura’’, indicó Jurado Roque.


Fedigas estimó que el aumento ilegal que impuso Empire Gas y Tropigas en diciembre de 2019, les produce sobre 3 millones de dólares en ingresos mensuales adicionales.


‘’Es evidente que imponer una multa de 12,000 dólares mensuales no es disuasivo. Por el contrario, es una invitación a seguir violando la ley, y que los consumidores y detallistas paguen los platos rotos’’, destacó el portavoz.


Además, Jurado Roque expuso que se debe prohibir que las empresas importadoras vendan el producto de gas licuado, directa o indirectamente al consumidor en envases de cualquier tipo o tamaño, derogar la actual Ley 77, aprobar una nueva ley que garantice una competencia para evitar la desigualdad económica se convierta en dominación del mercado y revisar o enmendar la ley de ética gubernamental para evitar ‘’abusos a los consumidores’’.


El portavoz de la Federación de Distribuidores confirmó que el almacenaje del gas licuado por las empresas importadoras fluctúa entre 30 a 45 días. Por lo que, recomiendan que el término para una notificación de cambio en precio sea no menor de 10 días laborables.


Igualmente, recalcó que el DACO tiene facultad para ‘’fijar precios de venta’’. Sin embargo, según el representante de Fedigas, han adoptado como política no hacerlo.


‘’Recomendamos enmendar la ley 10-2009 para que DACO tenga la obligación de fijar los precios mientras exista ausencia de competencia en el alto nivel de la industria o haya competencia desleal de este contra otros niveles’’.


Juarbe de Fedigas, manifestó que es importante que se le brinden ‘’garras’’ a DACO. ‘’Aunque no las hayan solicitado, hay que legislar para que DACO sea eficiente y diligente en el ejercicio de sus facultades y haya consecuencias cuando no cumplan su función de proteger al consumidor’’.