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Gobernador defiende determinación auditoría a la deuda pese a expresiones JSF


Por: Félix Tomás Miguel Aponte

Editorial Semana


En una conferencia de prensa celebrada el miércoles 24 de febrero, el gobernador, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, defendió su determinación a que la Oficina del Contralor de Puerto Rico realice una auditoría a la deuda de Puerto Rico. Ello, a pesar de que la Junta de Control Fiscal (JCF), ve innecesaria esa tarea.


“Tienen que caer en cuenta que la Oficina del Contralor tiene un rol importante en nuestro sistema de gobierno. Es a esa oficina que le corresponde pasar revista sobre todas las acciones de los altos funcionarios del gobierno, todas sus determinaciones. Es a esa oficina que le corresponde hacer hallazgos cuando hay cualquier posible irregularidad, hacer recomendaciones y referidos”, declaró Pierluisi Urrutia a la prensa del País.


El Primer Mandatario, a la vez, instó a la mencionada oficina a que cumpla con su deber, “porque, a fin de cuentas, estamos hablando de unas emisiones enormes que terminaron causando un proceso de quiebra que es vergonzoso”, añadió. Señaló que, tras el proceso de auditoría, “el pueblo va a tener el beneficio de sus hallazgos, recomendaciones y señalamientos y eso va a quedar así para la historia”.


Pierluisi Urrutia aseguró que no tuvo un rol en torno a las emisiones, por ejemplo, cuando fungió como comisionado residente bajo la administración de Luis Guillermo Fortuño Burset. Asimismo, negó tener un rol en las emisiones del gobierno de Puerto Rico, aunque aceptó lo tendría como Gobernador. “Los que tomaron las decisiones y tuvieron participación directa en el asunto serían los que tienen que explicar la razón de su proceder”, añadió.


Las reacciones del Gobernador se produjeron luego de que el martes 23 de febrero, el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel, aseguró que el ente federal creado bajo la Ley PROMESA “ya realizó todo lo que se podía haber llevado a cabo en una auditoría de la deuda”.


Días antes, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público expresó su preocupación sobre la Resolución de la Cámara 63, que busca delegar en la Oficina de la Contralora la auditoría de la deuda pública. Específicamente, el contable, catedrático de la Universidad de Puerto Rico e integrante de la Comisión, José González Taboada, enfatizó que la Oficina “no cuenta con las herramientas para hacer una auditoría forense de la deuda, como se necesita, porque su experiencia ha sido con auditorías de cumplimiento”.


González Taboada subrayó, además, que la actual Contralora, Yesmín Valdivieso, se ha expresado en contra y rehusado constantemente a realizar una auditoría de la deuda por más de cinco años”. Mientras, la abogada y profesora de derecho, Lcda. Nylca Muñoz, añadió que “existe conflicto de interés con el Departamento de Justicia, a quién la medida le asigna tareas de apoyo técnico en la auditoría”.


Los integrantes de la Comisión también cuestionaron que la medida “no incluya un lenguaje que clasifique como pública toda la información relacionada a esta auditoría, y que no cuente con mecanismos de transparencia y participación ciudadana en el proceso de auditoría”.


Otra deficiencia que señalan del proyecto de Resolución es “el escaso presupuesto que se asigna para auditar 70 años de deuda con sólo 1 millón, cuando la Comisión creada por Ley tenía un presupuesto de 5 millones en gastos y la Junta le pagó a Kobre & Kim 16 millones de dólares por estudiar apenas un puñado de emisiones”.