Redacción Editorial Semana
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia indicó que está evaluando la posibilidad de solicitar una declaración de zona de desastre para los municipios de Puerto Rico impactados por la tormenta tropical Ernesto, dependiendo de los daños reportados y de si se alcanza el umbral requerido por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
“Ya a Puerto Rico se le otorgó una declaración de emergencia y tenemos asistencia federal disponible, pero hasta el momento no la hemos necesitado”, dijo Pierluisi en una conferencia de prensa. “Sin embargo, los alcaldes están elevando sus estimados de daños. Si llegamos al umbral requerido por FEMA, no descarto solicitar una declaración de zona de desastre para los municipios que han sufrido daños significativos”.
El gobernador señaló que él personalmente ha visto los daños en algunos municipios, que incluyen carreteras, viviendas y el sistema eléctrico.
“Todos estos datos se deben recopilar y trabajando con FEMA, si llegamos al umbral, estaría solicitando la declaración de zona de desastre mayor en los municipios más impactados por la tormenta”, dijo.
Pierluisi continuó diciendo que el Fondo de Emergencia no se ha utilizado hasta el momento. Dijo que la Oficina de Gerencia y Presupuesto está en comunicación con los municipios para que puedan hacer sus solicitudes de apoyo fiscal en caso de que hayan incurrido en gastos importantes.
“Es cuestión de cumplir con los lineamientos y requisitos de la Junta de Supervisión Fiscal, porque tenemos $1,300 millones de ese fondo disponibles”, dijo el gobernador.
El presidente de Estados Unidos Joseph R. Biden, Jr. aprobó una declaración de emergencia para Islas Vírgenes estadounidenses (USVI por sus siglas en inglés). FEMA anunció el martes que asistencia federal por desastre está disponible para las islas St. Croix, St. John, St. Thomas y Water Island para complementar los esfuerzos de respuesta por las condiciones de emergencia en las áreas afectadas por la tormenta tropical Ernesto que comenzaron el 13 de agosto de 2024.
La acción del presidente autoriza a FEMA a coordinar los esfuerzos de respuesta por desastre con el fin de reducir las dificultades y el sufrimiento de la población local causados por la emergencia y brindar asistencia adecuada para salvar vidas, proteger la propiedad, seguridad y salud pública y para minimizar o prevenir la amenaza de una catástrofe.
De manera específica, FEMA tiene la autorización para identificar, movilizar y proporcionar a su discreción los equipos y recursos necesarios para reducir los impactos de la emergencia.
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