Golpe gubernamentala la energía solar

Por: José “Conny” Varela

La decisión de la administración Trump —respaldada sin reservas por la administración de Jenniffer González— de recortar los $350 millones destinados a subvencionar sistemas de energía solar para familias de escasos recursos es un golpe directo a la dignidad energética del país, una renuncia deliberada a la justicia social y un recordatorio de que, para algunos gobiernos, la austeridad siempre empieza por los más vulnerables.

El programa afectado no era un lujo ni un capricho. Representaba una de las pocas iniciativas federales diseñadas para reducir la dependencia de la red eléctrica más frágil y costosa de Estados Unidos. Para miles de familias, esos fondos significaban la posibilidad real de escapar de apagones interminables, facturas impagables y la ansiedad constante de vivir al borde del colapso energético. En un país donde la pobreza energética es la norma, no la excepción, recortar estos recursos equivale a profundizar desigualdades que ya son intolerables.

La administración de Jenniffer González, lejos de defender los intereses de Puerto Rico, optó por consentir el recorte. Ese aval político no puede maquillarse como pragmatismo ni justificarse con tecnicismos presupuestarios. Fue una decisión con consecuencias humanas concretas: familias que seguirán dependiendo de generadores contaminantes, adultos mayores que enfrentarán riesgos de salud durante apagones prolongados, comunidades enteras que verán retrasada —otra vez— su transición hacia una energía más limpia, estable y asequible.

Resulta especialmente preocupante que este recorte ocurra en un momento en que la resiliencia energética es un asunto de supervivencia. Tras años de huracanes, fallas sistémicas y promesas incumplidas, Puerto Rico necesita más inversión en energía solar, no menos. La evidencia internacional es clara: los sistemas solares con almacenamiento reducen costos, fortalecen la autonomía comunitaria y aceleran la recuperación tras desastres. Renunciar a esos beneficios por una decisión política tomada a miles de kilómetros es, como mínimo, una irresponsabilidad histórica.

Algunos argumentarán que los recortes son parte de una reorganización fiscal o de un esfuerzo por “controlar el gasto”. Pero ese discurso pierde legitimidad cuando se observa quiénes cargan con el sacrificio. No son las corporaciones energéticas ni los intermediarios políticos. Son las familias pobres, las comunidades rurales, los hogares que ya viven la precariedad económica y la vulnerabilidad climática.

Jenniffer González traicionó al país y a la gente humilde que había jurado defender. Prefirió alinearse con Donald Trump y abandonó a la gente necesitada de nuestras comunidades. Esta traición de alto calibre pone de manifiesto la necesidad de que el pueblo exija al gobierno fijar políticas a largo plazo en asuntos como lo son el desarrollo energético y la conservación ambiental. Asuntos tan serios como este no pueden quedar a merced de los caprichos de políticos accidentales cuyas prioridades no están en sintonía con las del pueblo.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes