Hacia un presupuesto riguroso y eficaz
Por: Jesús Santa Rodríguez
El Proyecto de la Cámara 1 de 2021, que propone crear la Ley para definir los servicios esenciales y garantizar las asignaciones presupuestarias destinadas para la ejecución de dichos servicios busca, en principio, que las instrumentalidades de la rama ejecutiva responsables de disponer sobre las partidas asignadas al Presupuesto de Gastos con Cargo al Fondo General del País no realicen estas de manera unilateral, sin antes categorizarlas, para evaluar cuáles son las prioridades que deben atenderse con los recursos públicos, como garante para que se disponga de estos de forma coordinada, otorgando también a la Asamblea Legislativa el deber y la facultad de evaluarlas y avalarlas.
El presente estado jurídico de nuestro país nos obliga a reconocer, más que nunca, la jerarquía de las leyes por virtud de la relación política que mantiene Puerto Rico con Estados Unidos. Luego de la aprobación de la Ley PROMESA, que en principio buscaba la organización de las finanzas públicas para reestructurar el pago incumplido de la deuda del gobierno con los acreedores y bonistas, la relación política y fiscal de nuestra jurisdicción quedó al escarpado. El primer paso es reconocer esta realidad política, pero ello no debe convertirse en un impedimento para comenzar a actuar con responsabilidad e iniciar una conversación entre las ramas del poder político del país sobre lo que debemos anticipar y cómo preparamos ante la eventual e inminente salida de la Junta de Supervisión Fiscal.
Entre los pasos que nos toca cumplir se incluye el ejercicio de estudiar este documento bajo las condiciones de la Ley Promesa. No es un proceso sencillo, pero ello no puede privarnos de atender el tema responsablemente, ya que, eventualmente, el gobierno volverá a tener el deber constitucional de diseñar y reprogramar partidas necesarias para el funcionamiento del Gobierno y el País, haciendo uso de su discreción de forma cabal. En efecto, más que una aspiración o meta, esto es un deber.
Durante los pasados años hemos enfrentado enormes retos fiscales por la aplicación de políticas de austeridad por parte de la Junta de Control Fiscal, y también hemos tenido tiempo de aprender de esta experiencia. Como País, logramos reducir significativamente la deuda pública -de sobre $34,000 millones a menos de $7,000 millones- mientras se han implantado medidas para incrementar la captación de ingresos que escapaban por vía de la evasión contributiva.
El Gobierno y LA Asamblea Legislativa no pueden volver a la rutina de aprobar presupuestos sin antes conocer y categorizar cuáles son las inversiones públicas que redundarán en desarrollo económico, aumento en empleos, mejoramiento de las infraestructuras vial, eléctrica y de agua potable para hacerlas más robustas, optimizar el clima de inversión y desarrollo empresarial, y lograr el avance en la calidad de vida de nuestra gente. Regresar a las viejas costumbres no es opción. Definir los servicios esenciales y garantizar las asignaciones presupuestarias destinadas para la ejecución de estos será un paso de avance en la aprobación de un presupuesto más riguroso y eficaz.