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Hagamos justicia con los hogares abandonados


Por: Prof. Luis Dómenech Sepúlveda


Desde 1996 he tenido la oportunidad de visitar, casa por casa, casi la totalidad de las urbanizaciones y comunidades de Caguas como parte de mis candidaturas electivas por el Partido Independentista Puertorriqueño. Desde entonces hemos observado la creciente incidencia de hogares abandonados y convertidos en focos de sabandijas, vandalismo y deterioro de la estética de las comunidades. Todo ello en detrimento de la calidad de vida de la ciudadanía. Por supuesto, el problema no es exclusivo de Caguas sino de todo Puerto Rico. En su columna “Deconstruir la ciudad” (El Nuevo Día-25 de noviembre 2020), el planificador, Wilfrido G. Ortiz, sostiene que el 25% de los hogares puertorriqueños (1 de cada 4) están en estado de abandono lo cual refuerza nuestra preocupación. Aunque algunos municipios han tomado cartas sobre el asunto al declararlas “estorbos públicos”, no es menos cierto que la problemática continúa al rojo vivo.


Como se sabe, durante los pasados 25 años cerca de un millón de puertorriqueñ@s han abandonado el país en busca de mejores condiciones de vida, mejores salarios, educación y servicios de salud. Todo ello ante la ausencia de poderes políticos del Gobierno de Puerto Rico para impulsar nuestro propio desarrollo y crecimiento económico. Sencillamente, nuestra relación de subordinación política nos ha sumido en la dependencia perniciosa al tiempo que nos impide insertarnos en la corriente económica de los países globalizados. De ahí la fuga de importantes sectores profesionales incluyendo, desde luego, educadores, policías, bomberos y enfermer@s. La emigración masiva ha provocado la pérdida no solamente de capital humano sino también de recaudos públicos. Es decir, entre menos población, menos recaudos y menos recursos para los servicios esenciales.


Ante esta realidad demográfica, proponemos un plan de acción entre el gobierno central y los municipios para la rehabilitación de los hogares abandonados en aras de albergar a los nuevos educadores, policías, enfermer@s, bomberos y otros trabajadores esenciales. Ello al menor costo posible y con opciones de compra. De ese modo, estaríamos haciéndole justicia a estos valiosos profesionales cuyos salarios, como se sabe, son sustancialmente inferiores al costo de vida de nuestros tiempos. Por supuesto, esta medida debe incentivar significativamente el reclutamiento, capacitación y retención de estos especialistas profesionales y por consiguiente, combatir la fuga masiva de puertorriqueños hacia Estados Unidos. Igualmente, ello acortaría las distancias de transportación en situaciones donde el reclutado o reclutada provengan de municipios extremadamente distantes a sus plazas de trabajo.


Entendemos que esta medida social debe convertirse en punta de lanza para la conservación de nuestros terrenos cultivables en aras de garantizar nuestra propia soberanía alimentaria. Desde luego, la conservación de nuestros suelos ayuda a combatir la erosión y sedimentación de nuestros ríos, quebradas y embalses. Al mismo tiempo protege nuestro medio ambiente reduciendo significativamente el calentamiento global causante de los estragos climáticos.


Definitivamente, una medida social de esta magnitud representa no solamente un incentivo para las nuevas generaciones sino también una necesaria inyección económica para nuestro atribulado comercio puertorriqueño.

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