Por: Jesús Santa Rodríguez
El sistema de medición neta es un mecanismo de facturación viabilizado mediante legislación que hace más asequible el uso de fuentes de energía renovable, limpia y local a los consumidores en sus hogares y negocios. La medición neta garantiza a las familias un reembolso razonable por la energía que producen y no utilizan, convirtiéndolos en prosumidores al aportar su excedente a la red pública.
La Ley 10 de 2024 extiende la protección de la medición neta hasta 2031 con el fin de ayudar a compensar a las familias por la inversión realizada al instalar paneles solares. También, es esencial para promover y cumplir con los objetivos de energía limpia impuestos por las leyes y reglamentaciones, al tiempo en que incide en el crecimiento económico del país.
A pesar de la importancia de la medición neta, recientemente la Junta de Control Fiscal (JCF) había emitido una orden al gobierno y la Asamblea Legislativa para que se derogara la Ley 10 excediendo totalmente el ámbito de sus facultades. En respuesta a esto, varios miembros del Congreso se opusieron porque pondría en peligro la medición neta en la isla. Esta amenaza también tendría el efecto adverso sobre los beneficios del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico en 2022 que buscaba optimizar la provisión de servicio eléctrico, privando a las familias de recursos bajos y ciudadanos con discapacidades de gozar de sus beneficios. También, desalentaría la inversión en sistemas de energía solar al no extender el incentivo económico para promover la compra de estos equipos.
Para entender la importancia de la tecnología solar, esta es responsable de agregar sobre 800 megavatios al sistema eléctrico, que genera unos 2,500 a 3,000 megavatios de energía. Esto disminuye significativamente la dependencia de los combustibles fósiles que se compran, resultando en energía más limpia y la reducción del costo del servicio para los usuarios.
Asimismo, todos sabemos que Puerto Rico se encuentra en la ruta de los ciclones del Caribe. En varias ocasiones, sistemas climatológicos extremos nos han afectado enormemente dejando a la isla sin servicio eléctrico durante semanas y meses. En las fallas en la red eléctrica, los sistemas solares ayudan a cubrir la inestabilidad del sistema público, manteniendo funcionales luces, neveras y otros enseres necesarios para la alimentación y dispositivos para mantener con vida a personas que dependen de equipos médicos eléctricos.
Derogar esta ley es una amenaza a la búsqueda efectiva de energía limpia y confiable a costos razonables y a los esfuerzos de los individuos, las empresas y el país de poder contar con energía ininterrumpida por largos periodos de tiempo, consecuencia de las continuas fallas del servicio eléctrico en la eventualidad de que un ciclón vuelva a afectarnos.
La JCF tiene el deber de organizar las finanzas del gobierno sin atentar contra los planes de producir y acceder a energía limpia, la estabilidad del servicio mediante la optimización de una red más resiliente, y propiciar ahorros en el gasto al interior de los hogares y negocios, que tendría el efecto de fortalecer nuestra economía.
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