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  • Foto del escritorEditorial Semana

Justicia para las familias trabajadora


Por: Jesús Santa Rodríguez


El Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fue develado hace una semana y confirmó que incluirá un aumento en la tarifa para los hogares y empresas del País para el pago de la deuda de esta corporación pública.


De acuerdo con las tablas publicadas, la mayoría de las familias pagarán una tarifa fija de trece dólares mensuales y una variable con base en el consumo de tres dólares. Se estima que, en promedio, el aumento en la factura de la tarifa residencial será de $19 mensuales. En el caso de las pequeñas empresas, el cargo fijo será de $16 y $20 mensuales, y un cargo variable que puede acercarse a los tres dólares mensuales. Esta deuda la estaremos pagando por los próximos 25 años.


Hay que recordar que los planes de ajuste de deuda de la Corporación para el Financiamiento de Interés Apremiante (COFINA) y del Gobierno Central no implicaron aumentos en impuesto sobre la venta o ingresos, lo que significa que estamos ante un PAD que nos impone una carga onerosa a todos los clientes de la AEE y vulnera las posibilidades económicas del País de cara al futuro.


Esta reestructuración de la deuda de la AEE no contó con el aval ni participación del Poder Legislativo. A pesar de los esfuerzos, el Poder Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal hicieron todo lo que estaba a su alcance para vetar y evitar que se aprobara legislación a los fines de que la reestructuración de la deuda de la AEE no implicara una carga onerosa para el País.


La exclusión de la Legislatura del proceso de reestructuración quita legitimidad a la negociación e impone a la Asamblea Legislativa el deber de buscar todas las formas posibles para evitar un golpe económico adverso sobre nuestros ciudadanos.


Vivimos en una coyuntura en la cual las familias trabajadoras y profesionales tienen que sacrificar gran parte del gasto del hogar para llegar a fin de mes. La inflación destruye el poder adquisitivo del ingreso, el costo de los alimentos se vuelve insostenible, y nuestros jóvenes no ven en Puerto Rico la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida de largo recorrido. Un PAD que se sume de manera irremediable al encareciendo el costo de vida en nuestro País no es aceptable para esta Asamblea Legislativa.


Nuestro rol como funcionarios electos es continuar legislando para mejorar la vida de la gente. Para lograrlo, evaluamos otorgar alivios contributivos a los sectores económicos medios, como los trabajadores, profesionales y pequeños empresarios, quienes históricamente han cargado con el peso de levantar la economía del País y sostener el gasto del gobierno. Buscamos reducir los impuestos a personas que ganan entre $25,000 a $60,000. Con ello, aumentaremos el ingreso personal disponible, lo que se puede traducir en un aumento en el poder adquisitivo de los ciudadanos. El reto es apoyar a nuestra clase media trabajadora para que detener el éxodo de nuestra fuerza productiva.

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