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  • Foto del escritorEditorial Semana

La comuna hippie de Caguas (Parte III)


Por: César Díaz Pazo


En la columna anterior mencionamos cómo 30 hippies de la comuna de Caguas fueron arrestados en una redada policíaca por alegada conspiración y atentar contra la moral y la salud pública. A quince de los acusados se les fijó una fianza de $3,000 y al no poder pagarla fueron ingresados en la cárcel de Humacao, once menores cuyas edades fluctuaban entre 13 y 16 años recibieron órdenes de regresar al hogar. Abogados de asistencia legal sometieron el recurso de Habeas Corpus indicando que las fianzas fueron exageradas por ser delitos menos graves al igual que el cargo de conspiración.


Según el fiscal del caso los vecinos habían declarado que le llamaron la atención a los hippies por cometer actos deshonestos alrededor de las urbanizaciones y que varios regresaron armados amenazando con crear desordenes. Mientras, el abogado indicó que los hippies se habían quejado de un grupo de vecinos que les tiraban piedras y los amenazaban con sacarlos de allí a la fuerza. El 20 de marzo de 1970, 17 hippies fueron excarcelados y recibidos en las afueras de la cárcel de Humacao por sus compañeros al son de guitarras y flautas mientras los abogados indicaron que el arresto de los jóvenes fue un gesto fascista de parte del gobierno. Aunque sin mostrar sus largas melenas ni barbas, ya que fueron afeitados y recortados sin su consentimiento, uno de los excarcelados dijo: “Ni el pelo ni las barbas son símbolo de dignidad por que la dignidad se lleva corazón adentro.”


Los hippies se movilizaron nuevamente a la comuna en Caguas pero fueron advertidos por la policía de que no podían regresar ahí, sin embargo, el abogado de estos le indicó a la policía que ellos tenían permiso del dueño de la finca de permanecer en ella siempre y cuando actuaran con decoro. La respuesta del alcalde Miguel Hernández no se hizo esperar indicando que se sintió asombrado de que abogados cagüeños lucharan por la permanencia de los hippies en la comuna. Según el alcalde “La acción tomada por los honorables fiscales, la policía y otras autoridades en colaboración con esta administración Municipal fue necesaria ya que tuvo el propósito de evitar un derramamiento de sangre que todos hubiéramos lamentado, ya que la actitud agresiva de esos muchachos que han tomado un camino equivocado para con los vecinos que circundan su campamento fue algo que nos llenó de alarma”.


Hubo un aparente cambio de actitud en la opinión pública debido a que el tribunal había probado la violación de derechos a este grupo de jóvenes. En los periódicos del país se reflejaba el sentir de algunos ciudadanos apoyando a los hippies y hasta el secretario de Obras Públicas de entonces indicaba la falta de tolerancia de la sociedad hacia las ideas y formas de vestir de algunas personas. No obstante este cambio de actitud que se estaba dando en la sociedad pasó desapercibido en las autoridades cagüeñas. El 3 de abril de 1970 los abogados de los hippies radicaron un interdicto preliminar contra el gobernador Luis A. Ferré, el secretario de justicia Soler Favale y el superintendente de la policía Luis Torres Massa, para ordenarles a los tres, a darle protección física y moral a grupos denominados hippies. Estos últimos denunciaron haber sido víctimas de persecución, maltratados, sacados de lugares públicos y desalojados del pueblo de Caguas. Indicaron además que el altar que habían construido para celebraciones religiosas en la comuna fue destruido. También reportaron la actitud de un sargento de la policía que los amenazó a ellos y a un abogado que estaba presente, encañonándolos con su revólver de reglamento.


Continuará...


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