La deuda pública y el rol de las instituciones
Por: Jesús Santa Rodríguez
El proceso de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas comenzó con la aprobación de la Ley PROMESA en 2016, y concluyó de manera parcial con la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) a finales del 2021. El proceso de negociación para aprobar el PAD se alcanzó gracias a que esta Asamblea Legislativa asumió el rol protagónico que le corresponde y colocó sobre la mesa de negociación temas de inversión social, como la Universidad de Puerto Rico y la asignación de fondos para centros de cuidado primario de salud -Centros 330-. La insistencia de la Cámara de Representantes para incorporar partidas de inversión social en esta reestructuración, fue lo que viabilizó la aprobación del proyecto en todo el entramado institucional, comenzando por la Legislatura y ratificado por parte de la Jueza Taylor Swain.
Ahora bien, para que el PAD pudiera entrar en vigor, era necesario que la Junta de Supervisión Fiscal enviara un documento con los cambios en el Presupuesto General 2022, que incluirían las partidas de inversión social y el pago al servicio de la deuda, en un período determinado. De acuerdo con el calendario establecido por la propia Junta, la Cámara recibiría el documento el 7 de febrero, para que la Asamblea Legislativa tuviera el tiempo suficiente para radicarlo, evaluarlo y aprobarlo. No obstante, la Junta incumplió con su propio calendario y enviaron el documento a la legislatura dos días después de la fecha que se había auto impuesto. A pesar de todo, se hicieron vistas conjuntas entre la Cámara y el Senado, donde hubo espacio para exposición por personas que simpatizaban con la medida y por opositores a la misma. Finalmente, esta fue aprobada en la Cámara de Representantes y enviada al Senado para su evaluación y aprobación.
Durante el proceso, tanto el Partido Nuevo Progresista como el resto de los partidos de oposición, hicieron causa común para derrotar el proyecto en caso de que bajara a votación. Esta acción traería como consecuencia inmediata no aprobar la ejecución del PAD ni los cambios al Presupuesto General del año fiscal 2022 que la Junta de Supervisión Fiscal aprobaría y certificaría sin incorporar los cambios importantes realizados por la Cámara de Representantes. El 21 de febrero fue la fecha límite en que todo tendría que estar aprobado por las instituciones de gobernanza del País. En su defecto, ahora la Junta impondrá sus enmiendas al presupuesto de forma unilateral y ejecutará el primer pago al servicio de la deuda.
En conclusión, los grupos políticos que representamos la voluntad democrática del País no podemos continuar atrincherados en propuestas maximalistas -todo o nada- evitando se aprueben cambios presupuestarios con enmiendas sugeridas desde la Asamblea Legislativa. La Junta tienen sus días contados, por lo que tenemos el deber de demostrarle a los ciudadanos que poseemos la capacidad para llegar a acuerdos, tomar decisiones y volver a gobernarnos de forma responsable y eficiente.