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La energía, el cabro y las lechugas


Por: Jesús Santa Rodríguez


Hay un dicho muy popular que reza que hay que tener cuidado de no “poner el cabro a velar las lechugas”, refiriéndose al error de colocar algo valioso al cuidado de quien lo puede dañar, robar o destruir. En el caso de los gobiernos liderados por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y su falta de empeño de proteger los mejores intereses del bienestar del país y el bolsillo de los puertorriqueños en el tema de energía, no hay mejor refrán que les aplique que este.


No olvidemos que para enero de 2009, temprano en el cuatrienio en el que Luis Fortuño ganó la gobernación, este salió en portada junto a Jenniffer González y Thomás Rivera Schatz haciendo pública su petición de tomar $4,000 millones en préstamos contra la liquidez del gobierno, sabiendo ellos que Puerto Rico se encontraba en un alto nivel de endeudamiento. Más adelante, ese mismo cuatrienio, duplicaron la deuda de la AEE en $4,000 millones. No conformes, antes de las elecciones de 2012, tomaron un préstamo al extinto Banco Gubernamental de Fomento más de $600 millones con el fin de reducir artificialmente la factura de luz de los abonados.


En 2019, la legislatura del PNP bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, legisló con el fin de quitarle poderes al Negociado de Energía de Puerto Rico, organismo creado por Ley para regular la producción de energía del país y, entre otras facultades, asegurar que las tarifas fuesen justas y razonables, con calidad y confiabilidad de servicio. Esta legislación, que comenzó por debilitar los poderes del Negociado al retrasar los nombramientos a los puestos de comisionado y presidente para dejarla morir poco a poco, acabó por asestarle un golpe a sus poderes y quitarle autoridad fiscalizadora hasta el sol de hoy.


Pedro Pierluisi, por su parte, tampoco vino con las manos limpias al ruedo. Fue él quien dio paso y defendió, a capa y espada, los contratos leoninos de LUMA Energy y Genera PR, que lejos de abaratar los costos de energía han resultado en un servicio más costoso y mucho menos confiable, mientras sus ejecutivos incrementan sus sueldos, contratos y beneficios al costo del pueblo puertorriqueño. Fue Pierluisi, también, quien vetó legislación propuesta por la nueva Asamblea Legislativa liderada por el Partido Popular Democrático, para devolverle al Negociado sus facultades para fiscalizar la política pública ambiental, buscar mejores precios, mayor estabilidad y confiabilidad en el servicio.


Para asegurar un proceso de fiscalización más eficiente de la provisión de energía para el País, más allá de devolver los poderes y facultades de regulación al Negociado de Energía, es importante fortalecerlo como un ente independiente para reglamentar, de forma objetiva y científica, el mercado de la energía, al margen de intereses políticos y financieros particulares. Nos merecemos un sistema de generación y transmisión confiable y resistente con costos asequibles, tanto para la gente de a pie como para sostener el emprendimiento comercial y empresarial.



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