Redacción Editorial Semana
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La creciente deuda que mantiene el Departamento de la Familia con los centros de cuidado prolongado que albergan adultos mayores, que asciende a sobre $3.9 millones, cuyo cuido lo subvenciona esa agencia podría provocar que estos soliciten la remoción de esas personas, y la decisión podría tomarse tan pronto como este mañana viernes.
La Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado de Puerto Rico (FICPRO) convocó a los 532 dueños de hogares afiliados a la entidad para discutir la millonaria deuda que el Departamento tiene por estos servicios. Esta cifra corresponde solo al presente año fiscal 2022-2023, que comenzó el primero de julio del año pasado y no incluye deudas acumuladas de periodos anteriores.
La FICPRO adelantó que se presentará una resolución para tomar decisiones e indicó que “en su mayoría, los afectados están inclinados a tomar la determinación de solicitar al Departamento de la Familia la remoción de los adultos mayores y adultos discapacitados ubicados por el Departamento de la Familia, por los cuales el gobierno no está pagando la subvención, basado en el incumplimiento con el acuerdo contractual”.
Denunció el organismo que a algunos de estos centros acumulan deudas de hasta tres años. “Hay de todo, pero el total adeudado es necesario para poder cumplir con las obligaciones contractuales de alimentación, cuidado y atención las 24 horas, nómina del personal profesional y las utilerías agua, luz, teléfono, gas”, sostuvo Tamara Pérez, presidenta de la FICPRO. Agregó que los hogares han rendido sus servicios de cuidado con alto compromiso y necesitan del pago para viabilizar y continuar su operación, en beneficio de nuestros adultos mayores.
La portavoz de este importante sector de servicios cuestionó además que en medio de esta crisis provocada por la falta de pago, el Departamento les enviara en días recientes un mensaje de texto en que le exigen a los dueños de hogares que cumplan con los requisitos de la Ley 88 del 14 de abril de 2018, (Ley de Garantía de Prestación de Servicios) previo al inicio de la temporada de huracanes. Advierten que no hacerlo conlleva multas, cierre, y hasta la cancelación de licencias.
“¿Con que dinero se va a cumplir antes del 1 de junio con todas las exigencias del Departamento de la Familia?”, preguntó Pérez.
Afirmó que esta situación ha colocado a este sector y a sus integrantes en una posición muy difícil, pues resultará sumamente doloroso para los dueños de hogares y sus empleados, desprenderse de seres humanos que llevan años bajo su cuidado y que ya son parte de su familia, y todo por el incumplimiento de pago por parte del Departamento de la Familia.
Los requisitos que impone la mencionada Ley 88 incluyen que estos centros deben contar con una fuente de energía que produzca electricidad suficiente para continuar sus operaciones cuando no esté funcionando el sistema energético. Además, contar con abastos de combustible suficientes para operar el generador eléctrico al menos 20 días después del paso de un evento de fuerza mayor; abastos de medicamentos y artículos de primera necesidad suficientes para operar por ese tiempo; y una cisterna de agua con la capacidad suficiente para suplir su necesidad por al menos cinco días, entre otros.
“La falta de pago se cataloga como maltrato, constituye igualmente una inobservancia al acuerdo de servicios con los hogares y a la responsabilidad del Departamento de resguardar el cuidado y bienestar de estos adultos mayores bajo su tutela. Todas estas responsabilidades se ponen en riesgo ante la falta de pago. Ya los hogares han agotado todos los mecanismos de dialogo, y ya no pueden esperar más.”, concluyó la presidenta de FICPRO.
Según los datos ofrecidos por la propia agencia, el Departamento de la Familia subvenciona actualmente el cuido de 5,125 adultos mayores que fueron ubicados en distintos centros a través de la Isla, y que están en riesgo de quedar desprovistos del servicio de cuidado asistido.