Redacción Editorial Semana
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Los abogados desempeñan una labor fundamental en nuestro estado de derecho, pues son los profesionales que asesoran en derecho a la ciudadanía, propician la resolución extrajudicial de los conflictos y, en su caso, defienden en sede judicial los derechos e intereses de sus clientes.
Sin un adecuado asesoramiento jurídico muchas relaciones personales, empresariales o institucionales acabarían abocadas a la ruptura y al conflicto. En ese sentido los abogados desarrollan una importantísima labor preventiva que evita numerosos litigios.
Cuando surgen las controversias, el buen profesional de la abogacía procura soluciones pactadas que resuelvan las divergencias en sede amistosa o pacificadora. Los letrados logran a diario innumerables soluciones negociadas, que son la mejor solución para sus respectivos clientes. En última instancia es recomendable acudir a la mediación o al instituto del arbitraje, procurando así evitar la judicialización del conflicto.
Pero la labor más característica de esta profesión es la de actuar ante los tribunales defendiendo los derechos e intereses de sus clientes. Entonces el letrado se constituye en presupuesto de funcionamiento del Poder Judicial, pues sólo su intervención garantiza el ejercicio del derecho a la defensa. No puede administrarse justicia sin abogados que defiendan a todas las partes que lo son en el proceso.
En gran medida depende del buen hacer de los abogados que el juez finalmente pueda decidir con acierto y hacer justicia en el concreto asunto. La contradicción es clave en todo proceso y el trabajo del abogado determina en muchas ocasiones el sentido último de la resolución judicial definitiva.
Por todo ello la ciudadanía y los poderes públicos deben valorar adecuadamente a la abogacía, asimilando que es bastante más que una mera profesión liberal. Desde todas las perspectivas la abogacía es fundamental en un Estado de Derecho e imprescindible para que a diario pueda realizarse ese valor fundamental al que llamamos justicia.