La nueva agenda legislativa
Por: Jesús Santa Rodríguez
A principios de esta semana dio inicio la quinta sesión ordinaria de la Cámara de Representantes, con una agenda de trabajo enfocada en la aprobación de medidas dirigidas a combatir la corrupción, transformar el sistema de educación pública, fiscalizar el desempeño de las agencias del gobierno, las corporaciones públicas, las Alianzas Público Privadas y sus contratos -como el contraído con LUMA Energy-, los fondos de reconstrucción y recuperación, la reorganización de un modelo de salud que cumpla con las regulaciones federales mientras sirve bien al pueblo, y una perspectiva sensible hacia las organizaciones sin fines de lucro dedicadas al servicio y la defensa de nuestro patrimonio y recursos naturales.
Entre nuestras prioridades está devolver a la gente la confianza en las instituciones gubernamentales que han sido víctimas del clientelismo, el “toma y da acá”, el carrerismo político e ideológico y la corrupción, que históricamente nos han costado miles de millones de dólares en fondos propios y federales que se quedaron en bolsillos particulares y nunca alcanzaron su destino: el pueblo.
Para ello, legislaremos medidas capaces de transformar la manera en que se procesan los crímenes de cuello blanco, cuya laxitud ha sido causa eficiente para entronizar la impunidad en todas los niveles del gobierno. ¿De qué sirve tener oficinas cuyo propósito es investigar y encausar a los criminales, pero no logran frenar la actividad criminal ni la corrupción del País? Conscientes de este desfase, se presentarán proyectos que enmienden sustancialmente las leyes orgánicas de la oficina del Panel sobre el Fiscal independiente, el Departamento de Justicia, la Oficina de Etica Gubernamental y la Oficina de la Inspectora General, al tiempo en que se aprobará un Código Anticorrupción que proveerá a los fiscales las herramientas para encausar a los criminales sin depender de la intervención de agencias federales.
Específicamente para nuestro Distrito, el año pasado aprobamos un millón de dólares para cada uno de los municipios de Caguas y Gurabo, para destinarse al manejo de los reembolsos de los gastos del huracán Fiona, aliviando así los presupuestos municipales para que inviertan en más y mejores servicios.
Asimismo, continuaremos enfocados en responder a las necesidades de nuestras comunidades trabajando cercanamente a los alcaldes de Caguas y Gurabo, y reconociendo la importante labor y coparticipación de las organizaciones sin fines de lucro y de base de fe. En efecto, durante el pasado año fiscal, aprobamos donativos para unas 40 organizaciones de apoyo social que demostraron haber cumplido a cabalidad con sus objetivos y con los requisitos gubernamentales en la provisión de dichos servicios.
Prospectivamente, se propondrán asignaciones presupuestarias ascendentes a $1.1 millón para el municipio criollo y $670 mil para el Pueblo de las Escaleras, adelantando la política pública de justicia social a los sectores más vulnerables de nuestro distrito, el mejoramiento de las carreteras, la seguridad, la salud, el ambiente y la agricultura.
Estas metas legislativas comprenden un plan de trabajo ambicioso y abarcador para continuar asentando la base de una convivencia segura y solidaria.