• Editorial Semana

Legislación para fomentar el trabajo


Por: Jennifer González Colón


En el primer mes del nuevo Congreso, radiqué tres medidas que fomentan el trabajo, son una herramienta para combatir la pobreza y dan un respiro a individuos y sus familias con condiciones que le afectan generar ingresos suficientes para vivir.


Al día siguiente de juramentar, radiqué el H.R. 105 y el H.R. 106, esta última, el “Child Tax Credit Equity for Puerto Rico Act” busca extender a Puerto Rico el Crédito por Menor (CTC) en las mismas condiciones que se aplica en los estados. La medida permitiría que las familias trabajadoras con 1 ó 2 hijos puedan ser elegibles para recibir un crédito contributivo federal de hasta $2,000 por hijo. El H.R. 105 “Earned Income Tax Credit Equity for Puerto Rico Act” , podría significar un crédito anual combinado entre $300 a $8,500 entre la versión federal y la local restablecida en el 2019; estos fondos impactarán a más de 300,000 contribuyentes. Ambas medidas cuentan con la coautoría de Darren Soto (D-FL). Las medidas cuentan con respaldo en el Senado siendo el CTC liderado por el republicano Marco Rubio y el EITC por el demócrata Bob Menéndez.


También radicó el H.R. 537 para hacer extensivo el programa de Supplemental Security Income (“SSI”) a los residentes de Puerto Rico. La acción de la comisionada se suma a una lista de gestiones que ha liderado en distintos foros por los pasados años para que las personas de 65 años o más bajo el nivel de pobreza o con impedimentos o condiciones especiales o menores con condiciones especiales puedan recibir esta asistencia federal. La medida bipartita cuenta con la coautoría de Ritchie Torres (D-NY-15), Stacey Plaskett (D-VI-AL), Amata Radewagen (R-AS-AL) y Darren Soto (D-FL-09).


El SSI es un programa federal de asistencia económica que ayuda a individuos con condiciones que afectan el que él o su familia pueda generar ingresos suficientes para vivir. Las personas que cualifican para recibir esta ayuda son aquellos de 65 años o más bajo el nivel de pobreza o con impedimentos o condiciones especiales, o menores con condiciones como cáncer, perlesía cerebral síndrome down, esclerosis entre otras condiciones. El SSI es el único programa federal de apoyo de ingresos dirigido a familias con menores discapacitados.


A diferencia del Seguro Social tradicional, con el SSI no requieren que un beneficiario realice pagos al programa para tener derecho a los beneficios del programa. Es tan probable que un ciudadano americano residente en los 50 estados que recibe SSI pague impuestos federales como uno que vive en Puerto Rico. No hay razón justificable para esta discriminación legal por vivir en un territorio. Las necesidades son las mismas, no importa dónde viva la persona.


El SSI es un programa de último recurso ya que los beneficiarios tienen que solicitar para todos los otros beneficios para los cuales puedan ser elegible antes de poder recibir asistencia bajo ese programa. El máximo de beneficios que provee le programa de SSI es $794 mensual por individuo o $1,191 mensual por pareja. Según un informe de la GAO, si aplicara el SSI a Puerto Rico, se estarían recibiendo entre $1,500 millones y $1,800 millones, impactando a más de 354,000 puertorriqueños.


La Administración del Seguro Social preparó un informe donde estimaba, que de aplicarse el programa de SSI en Puerto Rico, la inversión del gobierno federal sería entre $1.8 billones y $2.4 billones por año, por los próximas diez años. Estos números reflejan la cantidad significativa de ciudadanos americanos residente en la isla con necesidades apremiantes que pudieran ser auxiliadas por el gobierno federal, pero se les niega por residir en el territorio.

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