Leyes imperiales para suprimir la colonia
Por: Prof. Luis Dómenech Sepúlveda
De partida, endosamos en todas sus partes la postura histórica del Partido Independentista Puertorriqueño a los efectos de que la descolonización de Puerto Rico no podrá ser resuelto en los tribunales de justicia al tratarse de un problema estrictamente político. Conscientes de esa realidad histórica, los tribunales estadounidenses de mayor jerarquía, que responden evidentemente al aparato dominante imperial, han preferido hacer mutis y darle largas al asunto cada vez que atiende alguna controversia que tenga que ver específicamente con la condición colonial de Puerto Rico. Recuérdese que los imperios no improvisan. Todas sus decisiones son fríamente calculadas particularmente cuando se trata de proteger y afianzar sus intereses hegemónicos, geopolíticos y económicos. De ahí que, desde la conquista en 1898 hayan pretendido invisibilizar nuestra condición colonial mediante la imposición de sus leyes imperiales.
Todo comenzó con el Tratado de París (10 diciembre de 1898) cuando fuimos entregados en bandeja de plata al Congreso de Estados Unidos como botín de guerra tras la derrota de España en la Guerra Hispanoamericana. Conviene recordar que España nos había otorgado la Carta Autonómica en 1897 la cual nos reconocía amplios poderes y libertades democráticas. A partir de entonces, Estados Unidos plantó bandera en Puerto Rico para dejar inequívocamente evidenciado sus objetivos imperiales.
Primero impusieron la Ley Foraker en 1900 para derogar el gobierno militar vigente hasta entonces y, con ello, imponer un régimen de gobierno civil nombrado a imagen y semejanza del presidente estadounidense. Ello les permitió imponer el Tribunal de Distrito Federal de San Juan con poderes absolutos para derogar las leyes puertorriqueñas que entraran en conflicto con sus intereses imperiales.
Pero el asunto no terminó allí. En el 1917, la Ley Jones nos impuso la “ciudadanía estadounidense” convirtiéndonos en parias a todo el que rechazara tal ciudadanía. No conforme con ello, nos impusieron el Servicio Militar Obligatorio convirtiendo a nuestra juventud en carne de cañón para sus caprichosas agresiones imperiales. Igualmente, nos impusieron sus ‘leyes de cabotaje’ forzándonos a utilizar, con carácter de exclusividad, su transportación aérea y maritimita. Posteriormente impusieron una división del FBI en San Juan para perseguir, reprimir y encarcelar al independentismo puertorriqueño liderado entonces por el líder nacionalista, Pedro Albizu Campos.
No conforme con ello, súmele la patraña de la Ley 600 de 1950. La misma autorizó al pueblo de Puerto Rico a redactar su propia Constitución para luego ser enmendada unilateralmente a imagen y semejanza del Congreso imperial. Y, tan reciente como en el 2016, nos impusieron la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal con la cual crearon un nuevo régimen gubernamental, no electo por el pueblo, para gobernar los asuntos del país.
De modo que, tras 125 años de ocupación imperial, EEUU ha pretendido “vestir de seda” a su colonia caribeña para ocultar ante los foros internacionales el burdo engaño de que dejamos de ser colonia al integrarnos voluntariamente a su sistema de derecho imperial.
¡Sin embargo, “La mona, aunque se vista de seda, mona se queda”!