LUMA, un “riesgo compartido”
Por: Jesús Santa Rodríguez
Esta semana se llevó a cabo una de varias vistas públicas para investigar la situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico, específicamente sobre el uso y funcionamiento del Presupuesto Consolidado del Año Fiscal 2022-2023 por parte de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).
La AAPP es una corporación pública creada por ley, autorizada y responsable de implantar política pública con el fin de, junto al Gobierno, “favorecer y promover el establecimiento de proyectos prioritarios con corporaciones privadas”. Su misión es (o debería ser) impulsar el desarrollo socioeconómico y la competitividad del País, compartiendo ciertos riesgos en la operación o mantenimiento de los proyectos trabajados con operadores bajo Alianzas Público Privadas (APP), mejorar la calidad de los servicios prestados y fomentar la creación de empleos. El contrato de LUMA Energy es una de estas iniciativas.
LUMA, una de las APPs más controvertibles del País, lleva una racha de mala planificación, fracaso en el despliegue de planes de trabajo, o quizás simplemente incompetencia, pues desde que fuera contratada por el actual Gobierno para operar, quien único se ha beneficiado es ella.
Recordaremos que en abril pasado, el País estuvo a oscuras por varios días por un apagón masivo, sin que se obtuviera un informe de hallazgos o planes para evitar ni mitigar un evento futuro similar. Al ser cuestionado en estas vistas públicas sobre el cumplimiento de LUMA con el contrato con el Gobierno a raíz de ese evento, el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, aseguró que su oficina había hecho su parte en la fiscalización y que el consorcio había cumplido con las obligaciones contractuales. Afirmó, igual que ha hecho Pedro Pierluisi, que si se probaba que el apagón fue consecuencia de acción u omisión por parte de LUMA habría “consecuencias”.
Nada pasó entonces, y nada ha pasado ahora a pesar del reiterado incumplimiento de LUMA y su incapacidad de restablecer totalmente el servicio de transmisión a un mes del paso de Fiona. Las razones son reveladoras. Ante nuestros cuestionamientos, Fontanés reconoció que la AAPP no requiere a LUMA parámetros ni cantidad mínima de empleados, siquiera durante emergencias, porque “se supone que ellos contraten los que necesiten”. ¿Se supone? También, al ser inquirido sobre los contratos entre LUMA y el Gobierno, aceptó que tampoco están en su poder, sino en la Oficina del Contralor, lo que obliga a preguntarnos, ¿cómo puede fiscalizarse el cumplimiento de LUMA, una APP tan importante para el País, si no se tienen a la mano los términos acordados? De hecho, Fontanés reconoció que no sabía si LUMA cumple o incumple con el contrato, para luego afirmar que creía que cumplía.
Esta pesadilla de LUMA solo se complicará más, pues la AAPP se encuentra en el proceso de evaluar un Proponente Preferido para manejar, también, la generación de la energía, otro riesgo que nos tocará solventar a los puertorriqueños, en lugar de que sea, como debe ser, entre el Gobierno y sus míticas Alianzas Pública Privadas.