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  • Foto del escritorEditorial Semana

Más cercana la salida de la Junta


Por: Jesús Santa Rodríguez


El pasado 30 de junio la Junta de Supervisión Fiscal certificó el Presupuesto General para el año fiscal 2024, el cual fue aprobado por ambos cuerpos de la Asamblea Legislativa y firmado por el ejecutivo. Este presupuesto general representa el tercer presupuesto equilibrado con pago al servicio de la deuda, en un conteo donde la Ley PROMESA establece que para poner fin a la quiebra necesitamos cuatro presupuestos balanceados. Esto quiere decir que estamos muy cerca de salir de la quiebra y de la Junta, pero los funcionarios electos tenemos el deber de no repetir los errores que nos llevaron a la insolvencia y la bancarrota general del sector público.


Una de las prácticas aprendidas para aplicar a futuro es no gastar más dinero del que podemos recaudar. Durante décadas, el gobierno de Puerto Rico gastaba más de lo que ingresaba, generando déficits presupuestarios que eran cubiertos con emisiones de deuda pública. Proteger el crédito del Estado Libre Asociado debe ser un imperativo de sentido común para todos los gobiernos electos en la pos-quiebra.


Otro tema medular es el fortalecimiento de las instituciones que se encargan de trabajar para diseñar y aprobar un presupuesto. La actual Asamblea Legislativa creó una nueva institución llamada Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), que tiene como propósito el evaluar todas las medidas radicadas para evaluar si tienen algún impacto sobre los recaudos o el gasto presupuestario y brindar a la Asamblea Legislativa una independencia pericial al momento de evaluar el presupuesto o cualquier otra medida que se relacione con las finanzas del País. Corresponde ahora al Poder Ejecutivo rehabilitar a la Junta de Planificación de Puerto Rico para prepararla y dotarla de los recursos necesarios para que vuelva a ser la institución líder en análisis de datos y proyecciones económicas al momento de iniciar el proceso presupuestario año tras año. En la era posterior a la Junta, toca a la Asamblea Legislativa, la OPAL, la Oficina de Presupuesto y Gerencia, el Departamento de Hacienda y la Junta de Planificación reasumir el papel protagónico de crear y aprobar un presupuesto balanceado y orientado hacia las prioridades.


Finalmente, debemos entender que el rol del gobierno debe ser promover la justicia social, la sana convivencia social, y el desarrollo económico, por lo que la mayor parte del gasto público debe estar en función de esos principios. En el presupuesto actual, nos aseguramos de que la Red Sísmica recibiera su presupuesto de forma directa para que tenga los recursos disponibles al momento de trabajar el tema de los temblores; asignamos $102 millones a la Universidad de Puerto Rico para que pudiera continuar con sus procesos de investigaciones y desarrollo de ideas para el futuro y destinamos $30 millones para 40 municipios que puedan necesitar apoyo económico, sobre todo en este período de temporada de huracanes, los cuales pudieran aumentar en cantidad y magnitud debido al cambio climático. Estas prácticas que estamos aplicando al presupuesto desde hace tres años es el que debemos perpetuar para los próximos años y evitar volver a la quiebra.

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