Por: Jesús Santa Rodríguez
El Gobierno y su aparato de seguridad y orden continúan mirando hacia el lado mientras la criminalidad se entroniza en nuestro país, al permitir que esta evolucione trágicamente a la alzada, en lugar de desarrollar e implantar programas para desalentar la comisión de delitos, incrementar las tasas de encauzamiento y convicción de delincuentes, promover programas de educación para desanimar el uso de drogas y alcohol, desarticular la distribución y venta uso de estupefacientes, y adelantar políticas públicas para educar sobre la equidad y el respeto hacia las mujeres y demás personas.
Para todo esto ya existe legislación y pronunciamientos oficiales. Solo hace falta la voluntad de hacer cumplir las leyes actuales y planes de trabajo intra e interagenciales. No obstante, los principales actores a cargo de garantizarnos a todos mayor seguridad y adelantar educación orientada a una cultura de paz, libre de drogas y vicios, se enfocan en logros pírricos medidos por una insuficiente reducción de la actividad criminal. “Este año cerramos con 100 crímenes violentos”, se les escucha decir en tono celebratorio a oficiales del gobierno, sin considerar que en los pasados años Puerto Rico vive una guerra de violencia entre el narcotráfico, y el abuso contra niños, mujeres y viejos que domina en el país.
Todos somos testigos de que escasamente durante la segunda semana de 2024 se registró la primera masacre en Puerto Rico. El referirse a este evento como el primero es un reconocimiento tácito de que habrá otras muertes más tiñendo de sangre nuestro País durante 2024. Concretamente, aunque en 2023 hubo una reducción en el número de crímenes, 578 personas perdieron la vida violentamente en la isla, con consecuencias permanentes en sus familias y contextos comunitarios. De estas muertes, hubo cuatro masacres, un aumento en los feminicidios, y quedó en claro que ya no existe consideración por la vida de niños, mujeres y personas de la tercera edad.
Aparte de la primera masacre reportada, 2024 ha iniciado con 27 crímenes violentos y, cuando menos, 2 feminicidios íntimos. De continuar esta tendencia, este año podría concluir con sobre 600 asesinatos y más de 40 muertes por feminicidio.
Hacer este tipo de recuentos tiene el fin de concienciar sobre la crisis de seguridad pública que enfrentamos, a diario, los puertorriqueños, y que llena de luto a miles de familias y comunidades. La pregunta que debemos hacer al gobernador, el Departamento de Seguridad, a Educación y otros organismos responsables estudiar el fenómeno de la dependencia de drogas y alcohol, investigar y encausar criminales, desarticular los puntos y la distribución de drogas, y educar a nuestros niños y jóvenes es, ¿qué se está haciendo para atajar los delitos, desalentar el uso y venta de drogas, esclarecer los delitos y promover una cultura de paz y respeto para todos y todas desde edades tempranas?
Si no hay respuesta a estas preguntas, es tiempo de evaluar el desempeño de nuestros políticos y funcionarios públicos, y dejarles saber nuestra desaprobación con el voto.
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