• Editorial Semana

Nuestra gran encrucijada: abrir o no abrir las escuelas

Por: Carmen Zoraida Claudio, EdD

Presidenta Thomas Alva Edison School

Pasada Presidenta Asociación Educación Privada de PR


Primeramente, debo aclarar que no soy abogada aunque me pasee entre algunos de ellos, tomando prestada una expresión de Angel Rosa. Sin embargo, como integrante activa del sector educativo privado y como ciudadana con un gran respeto a la responsabilidad social que cada uno de los puertorriqueños debe ejercer, siento la obligación de reflexionar sobre todo lo que nos puede afectar de manera más o menos positiva. En estos momentos, ya bajando un poco el diapasón de la política (¿en serio?) y acercándonos a un nuevo semestre escolar, serán temas obligados tanto el COVID-19 como las vacunas y si retornamos o no a las escuelas.


La autonomía del sector educativo privado es un derecho ya dilucidado en los tribunales a favor nuestro. Corresponde a cada escuela privada determinar su propio currículo sea cual fuere, establecer sus propios requisitos de admisión, seleccionar su facultad, y escoger su metodología. Gracias a ello, gozamos de la gran diversidad y pluralidad de escuelas privadas, algo vedado en muchos países, algunos muy cerca de nosotros, cuyos gobiernos ejercen control en mayor o menor grado sobre la educación privada.


La intervención del gobierno en PR será indebida siempre que intente acorralarnos en lo que es el sistema educativo público o algo parecido, y violente cualquiera de estos principios autonómicos. La obligación de la no intervención gubernamental es muy clara. Favor de referirse a la Ley 212 del 2018 y las anteriores, específicamente en sus exposiciones de motivos. Gracias a la Asociación de Educación Privada por sus constantes recordatorios a las ramas legislativa, ejecutiva y judicial de no faltar a esos principios. La calidad educativa del sector privado se debe en gran parte a esa autonomía que defendemos en todos los foros posibles, tanto federal como estatal.


La Constitución de PR estrablece el derecho de toda persona a una instrucción pública libre, no sectaria y gratuita desde primaria hasta secundaria. Los padres pueden escoger la educación privada si así les place. La educación privada es un ejemplo claro de que en nuestro sistema democrático tanto la libre empresa como las fuerzas de la oferta y demanda funcionan. El padre elige de acuerdo a lo que la escuela privada le ofrece. Es por eso que cada escuela debe buscar responder a las necesidades de la sociedad porque le corresponde a cada padre matricular a su hijo en la escuela de su preferencia y la más adaptada a sus propios principios y creencias y a su poder adquisitivo, entre otros factores de su preferencia.


Acaba de bajar este pasado miércoles 26 de noviembre, una decisión del Tribunal Supremo en la que este alto foro decide a favor del sector religioso sobre la intención del gobernador Andrew Cuomo de limitar la cantidad de feligreses en sus servicios religiosos como medida para controlar el COVID-19. Se reafirma en que la intención de Cuomo atenta contra la Primera Enmienda. Fue una decisión dividida (5-4) y contrasta con determinaciones judiciales anteriores (casos de California y Nevada) y ya nos deja ver las tendencias futuras de este foro con la integración de la conservadora juez Barrett.


El planteamiento que más me impactó fue cuando la Corte indica: “But even in a pandemic, the constitution cannot be put away and forgotten”. Les confieso que yo he pensado y defendido lo contrario: la salud y seguridad van sobre cualquier otra determinación, en este caso la constitucional. ¡Aparentemente he estado equivocada! Esta determinación del más alto foro federal, podría interpretarse como que aplica al derecho de las escuelas privadas a abrir a la educación presencial cuando lo determinen ya que su autonomía está protegida por ambas constituciones.


Ahora bien, aplaudir esta determinación en derecho sin recordar nuestra responsabilidad, atenta contra la propia salud y seguridad de nuestra comunidad escolar. Como integrante del sector educativo privado, aplaudo esta determinación del Tribunal Supremo y asumo la responsabilidad con mi comunidad. ¿Estamos listos para abrir? En mi colegio estamos y me atrevo a asegurar que es así en la gran mayoría de las escuelas privadas. Hemos invertido mucho dinero para acondicionar nuestros colegios en este nuevo escenario.


Muchas veces el que no tenemos pero que nos lo prestan los bancos. También tenemos derecho a fondos por el CARES Act, pero la lentitud del Departamento de Educación como entidad LEA, no permite accederlos a tiempo. Y el tiempo es ahora, no cuando ya las escuelas hayan abierto, pero este es otro tema de discusión. Tenemos un plan de contingencia y control del COVID aprobado y actualizado continuamente. Nos hemos adiestrado y hemos adiestrado al personal e informado continuamente a los padres. El saneamiento y mantenimiento es continuo aun sin estudiantes, etc., etc.


El interés que tenemos los colegios de abrir está acompañado de, entre otros factores, estudiar profundamente las tendencias del COVID y analizar lo más objetivamente posible los factores de salud y seguridad en PR en cada momento. Tenemos el derecho de abrir, tenemos la obligación de hacerlo cuando sea seguro para toda la comunidad escolar. Cada escuela que decida. Ya nosotros tomamos nuestra decisión. Decía Sherlock Holmes: “Elementary, Watson”.

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