Nuevo presupuesto: nuevo festín de contratos

Por: José “Conny” Varela

El inicio de un nuevo año fiscal en Puerto Rico debería ser un momento de planificación estratégica, austeridad responsable y renovación de la confianza pública. Sin embargo, bajo la administración de Jenniffer González y la alargada sombra de su secretario de la Gobernación, Francisco Dómenech, el arranque de este ciclo se ha convertido en el escenario de una alarmante e histórica constante: el reparto desmedido de contratos gubernamentales bajo criterios que distan mucho del bienestar colectivo.

Las alarmas han comenzado a sonar con fuerza en un sector donde la vulnerabilidad es máxima: el Departamento de Salud. En las últimas semanas, el proceso de otorgamiento para los contratos de seguridad en las diversas instituciones médicas del país ha levantado serios cuestionamientos públicos. No estamos hablando de un asunto menor; la seguridad en clínicas y hospitales públicos garantiza la integridad de miles de pacientes y trabajadores esenciales. Aun así, el manejo de estas licitaciones parece responder más a dinámicas de pasillo que a un proceso de libre competencia. 

El epicentro de este malestar radica en la estrecha e innegable relación entre el secretario de Salud y el secretario de la Gobernación, Francisco Dómenech. Esta cercanía, lejos de traducirse en una coordinación institucional eficiente para el beneficio del pueblo, está operando como un filtro invisible que altera la balanza a favor de corporaciones privilegiadas, de amigos del alma. La alarmante coincidencia entre las simpatías políticas y la adjudicación de estas millonarias cuantías no puede ser catalogada como una casualidad administrativa. Cuando la afinidad personal y los vínculos de campaña sustituyen al mérito técnico, el sistema democrático se erosiona.

La gestión de Jenniffer González prometió un gobierno de transparencia y un distanciamiento de las viejas prácticas que sumieron a Puerto Rico en la desconfianza fiscal. No obstante, la delegación de poderes absolutos a la figura de Dómenech ha centralizado las decisiones presupuestarias, transformando el aparato estatal en un club exclusivo para allegados. Resulta inaceptable que, al amparo del nuevo presupuesto, la prioridad del ejecutivo parezca ser el pago de favores políticos antes que la optimización de los servicios esenciales.

El país observa con justa indignación cómo los valiosos recursos públicos, que deberían fortalecer un sistema de salud al borde del colapso, se desvían de manera sospechosa para consolidar feudos de poder privado. La seguridad en las instalaciones de salud pública no puede ser una moneda de cambio ni un botín político para los amigos de la casa. La gobernadora debe recordar urgentemente que su lealtad constitucional es con el pueblo de Puerto Rico, no su director de campaña.

De continuar por esta destructiva ruta de favoritismo, este nuevo año fiscal no traerá la estabilidad económica prometida, sino la cruda confirmación de que la Fortaleza sigue operando bajo el viejo manual de las cofradías.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes