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Oficina de la Contralora señala incumplientos en Municipio de Cidra


Yesmín M. Valdivieso Galib, contralora de Puerto Rico.

Redacción Editorial Semana

redaccion@periodicolasemana.net


La contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso Galib, informó que al Municipio de Cidra se le emitió una opinión cualificada de sus operaciones fiscales.


Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.


El informe de auditoría señala varios hallazgos correspondientes a la pasada administración de Javier Carrasquillo Cruz, como atrasos en la preparación de las conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas Corriente y de Nómina desde julio de 2019 a diciembre de 2020. Advierte, sin embargo, que al 12 de mayo de 2021, cuando ya había tomado posesión la administración del alcalde actual Ángel David Concepción, no se habían preparado las conciliaciones bancarias. El Municipio tenía 42 cuentas bancarias activas en dos instituciones financieras al 31 de diciembre de 2020. Esta situación impide mantener información actualizada, completa y confiable sobre la situación financiera necesaria para la toma de decisiones administrativas.


Asimismo, al 6 de mayo de 2021, el Municipio no había actualizado el Reglamento de Subastas para incluir las disposiciones establecidas en la Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico y en el Reglamento para la Administración Municipal de 2016. Esta situación se atribuye a que el alcalde no se aseguró de ajustar la reglamentación conforme a la legislación vigente.


La auditoría señala además la ausencia de certificación e información detallada en las facturas de los desembolsos efectuados para atender la pandemia del COVID-19. El examen de una muestra de los comprobantes de desembolso emitidos de abril a septiembre de 2020, por $318,950, reveló que no contienen un desglose de trabajos realizados ni el nombre de los profesionales de salud (médico, enfermera y técnico de emergencias médicas), que participaron en la administración de pruebas. Esta situación impidió verificar si las personas que brindaron los servicios tenían las licencias requeridas.


Contrario a la ley vigente, y las funciones y los deberes del auditor interno, la Unidad de Auditoría Interna no había realizado auditorías o monitoreos de las distintas unidades de trabajo del Municipio al 31 de diciembre de 2020. La ausencia de fiscalización de las operaciones municipales y de los fondos públicos, priva a la gerencia de la información necesaria sobre la efectividad y eficiencia en el uso de los recursos y los controles internos en las operaciones.


El Informe publica que los encargados de la propiedad en funciones no realizaron los inventarios físicos anuales de la propiedad mueble del 2016 al 2020. Los funcionarios municipales tampoco suministraron el inventario de la propiedad mueble que debieron haber preparado los encargados de la propiedad que cesaron sus funciones el 1 de agosto de 2018 y el 31 de agosto de 2019. Estas situaciones contrarias a la reglamentación vigente, impiden mantener un control adecuado y propician el uso indebido y pérdida de la propiedad.


El Informe comenta que, al 31 de diciembre de 2020, ocho demandas civiles estaban pendientes de resolución en los tribunales por $1,200,536. Además, nueve casos presentados por empleados ante la Comisión Apelativa del Servicio Público y una querella en el Negociado de Comunicaciones estaban pendientes de resolución.


Los auditores identificaron que no se habían recobrado $100,339 por distintos conceptos señalados en los informes de auditoría M-14-59 del 24 de junio de 2014 y del M-16-39 del 8 de junio de 2016.


El informe completo está disponible en www.ocpr.gov.pr

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