PAD, ni tan bueno como dice la JCF, pero tampoco tan malo como alegan los opositores
Por: Alex Fernández Rivas | CyberNews
El director del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach dio a conocer el jueves su evaluación del Plan Fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal y los funcionarios del Gobierno de Puerto Rico.
A continuación, el Resumen:
El impacto del Plan Fiscal para el año fiscal 2022 de las reformas estructurales, la reestructuración de la deuda, el programa de Medicaid, las pensiones y la Universidad de Puerto Rico, según el Centro para una Nueva Economía (CNE) se dio a conocer hoy jueves, 24 de febrero de 2022, en su publicación mensual, el CNE Review. Su editor, Sergio M. Marxuach, añade que debemos aprender de las experiencias pasadas que nos llevaron a esta crisis financiera y fiscal. Se estima que los superávits no restringidos previstos al final de los próximos cinco años fiscales promediarán $190 millones al año, lo que significa que el gobierno de Puerto Rico tiene muy poco margen de maniobra si los ingresos resultan ser sustancialmente inferiores a las expectativas, los gastos superan significativamente la cantidad presupuestada, o se produce una combinación de menores ingresos y mayores gastos, dice Marxuach.
Reformas estructurales
El Plan Fiscal para el AF22, al igual que los anteriores, incorpora los efectos de las reformas estructurales en las áreas de (1) capital humano y beneficios sociales, (2) educación K-12, (3) facilidad para hacer negocios, (4) el sector de la energía y (5) la infraestructura que, según la Junta de Administración y Supervisión Financiera (“JSAF”), “permitirá que Puerto Rico comience a crecer de nuevo basado en la competitividad, contrarrestando la trayectoria de crecimiento negativo que ha plagado a la isla por más de una década, y reduciendo la dependencia de los fondos federales para estimular el desarrollo económico”.
Sin embargo, dice Marxuach, las reformas estructurales favorecidas por la JSAF y expuestas en el Plan Fiscal son cuestiones de segundo orden y no generarán el crecimiento económico que Puerto Rico necesita, tanto para aumentar la calidad de vida de su población como para pagar su deuda reestructurada, a menos que se inserten o enmarquen en una estrategia o visión económica más amplia.
La reestructuración de la deuda
El Plan de Ajuste de Puerto Rico disminuye las obligaciones del gobierno aproximadamente un 48%, sin tener en cuenta las posibles recuperaciones a través del pago de los Instrumentos de Valor Contingente (“IVC”). El alivio total de la deuda, por tanto, es significativo pero no tan alto como afirma la JSAF, ni tan bajo o trivial como alegan los detractores del plan, afirma el análisis.
Y lo que es más importante, desde el punto de vista del presupuesto anual, el Plan de Ajuste reduce considerablemente el servicio de la deuda del gobierno, que pasa de un promedio anual anterior a PROMESA de $1,330 millones a un promedio anual luego de la reestructuración de $666 millones. El servicio total de la deuda de GO/COFINA nunca superará los $1,150 millones, es decir, aproximadamente el 1.6% del PNB del año fiscal 2021, durante los próximos 30 años.
También cabe destacar, el Plan Fiscal 2022 “no prevé que el gobierno de Puerto Rico se endeude por ningún motivo en los próximos cinco años”, dice el informe.
Medicaid
En septiembre de 2021, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (“CMS”, por sus siglas en inglés) emitieron una interpretación de la disposición del límite de financiamiento de Medicaid para Puerto Rico que, entre otras cosas, aumentó el límite asignado para el año fiscal 2022 a $2,943 millones.
La JSAF considera que la interpretación administrativa de los CMS es una “solución a largo plazo para el financiamiento de Medicaid para Puerto Rico”. Respetuosamente, no estamos de acuerdo por las siguientes razones:
La carta de los CMS no es una orden administrativa vinculante, una norma o un reglamento., ni una ley. Por lo tanto, esta política podría ser revertida o retirada en cualquier momento.
La interpretación administrativa no modifica, ni puede modificar, el Porcentaje de Asistencia Médica Federal (55% FMAP, por sus siglas en inglés), lo que podría dar lugar a que el gobierno tuviera que recortar los beneficios o reducir otros gastos para pagar el programa Medicaid si se revoca la interpretación de los CMS.
“La reducción de la cantidad que debe presupuestar Puerto Rico para Medicaid ha “liberado” aproximadamente $800 millones que han permitido a la asamblea legislativa volver a sus antiguos derroches. En nuestra opinión, esos fondos podrían haberse aprovechado mejor creando un fondo de estabilización presupuestaria o restaurando, al menos parcialmente, la asignación del Fondo General para la Universidad de Puerto Rico”, afirma otra conclusión.
Pensiones
El Plan Fiscal se ha modificado para reflejar ciertas reformas realizadas en los planes de retiro de Puerto Rico.
Los costos totales de las pensiones (PayGo más los depósitos del fideicomiso) durante el periodo AF2022-AF2031 tendrán un promedio de más de $3,000 millones al año. Esto significa que los pagos relacionados con las pensiones serán la mayor partida de gastos durante ese periodo de diez años.
“Para que quede claro, no estamos defendiendo la reducción de las pensiones. Sin embargo, queremos destacar que estos $3,000 millones anuales son el costo que estamos pagando ahora debido a décadas de mala administración, por los muchos años que los organismos gubernamentales no hicieron las contribuciones requeridas para las pensiones y por las múltiples veces que el gobierno central ‘tomó prestado’ del fondo de pensiones y nunca devolvió el ‘préstamo’”, dice Marxuach.
Universidad de Puerto Rico
Tal vez ninguna otra agencia gubernamental ha sufrido tantos recortes en su presupuesto como la Universidad de Puerto Rico (“UPR”). La asignación del Fondo General a la UPR se ha reducido por $445 millones, o 48%.
Es difícil entender esta reducción masiva en la asignación del Fondo General para la institución de educación superior más importante de Puerto Rico. Algunos argumentan que la reducción presupuestaria se justifica por la disminución de la matrícula de estudiantes. Sin embargo, una mirada rápida a los datos demuestra que esta es una afirmación falsa. Según los datos publicados por la UPR, la matrícula estudiantil ha disminuido de 46,325 durante el año fiscal 2017 a 35,623 durante el año fiscal 2022, una reducción de 23%. Por lo tanto, la reducción del 48% en las asignaciones del Fondo General es completamente desproporcionada con respecto a la disminución de la matrícula.
Además, dice Marxuach si la JSAF realmente quiere mejorar el capital humano de Puerto Rico como base del crecimiento económico para el futuro, entonces el desmantelamiento de la UPR es totalmente contraproducente. Por lo tanto, recomendamos que, si los ahorros proyectados en la aportación local a la operación del programa de Medicaid se hacen realidad, que al menos una parte de los fondos que queden disponibles se asignen a la Universidad de Puerto Rico.